Entrega de tierras

La reforma agraria colombiana, con raíces en 1936, enfrentó violencia y desafíos. A pesar de leyes y acuerdos, la urbanización y la inseguridad rural la marginalizaron. ¿Cómo la aborda el gobierno actual?

Por Fernando Negrete Montes De Colombia se ha dicho ser uno de los países que no ha realizado su reforma agraria porque a partir de la ley 200 de 1936 que planteó este camino para democratizar la propiedad de la tierra que se había concentrado durante la época colonial y cien años después de vida independiente del gobierno español, todo terminó con la violencia de mediados del siglo XX que dejó cerca de 200 mil muertos. Después, en 1961 se expidió la ley de reforma agraria que avanzó bajo la administración de Carlos Lleras Restrepo entre 1966 y 1970 con entregas de tierra y distritos de riego como la Doctrina en Lorica y Mocarí en Montería, beneficiando a cientos de campesinos que se hicieron propietarios en extensiones de 10 hectáreas que al cabo del tiempo han sido enajenadas y desaparecida su vocación inicial. Este programa de parcelaciones tocó fondo cuando en 1974 se firmó el Pacto de Chicoral, Tolima, y el gobierno nacional de la época junto con los grandes propietarios y campesinos que se denominaron de la línea Armenia, trazaron como ruta del desarrollo agrario la gran extensión rural y en cuya oposición surgió la línea Sincelejo al mando de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, Anuc, cuya consigna era "la tierra pal que la trabaja" e impulsando las tomas de tierra como forma de lucha. Este movimiento estuvo secundado por los grupos guerrilleros que pasaron de la retórica a la acción y los enfrentó con la reacción paramilitar que produjeron un nuevo desalojo de la propiedad acompañado de masacres y el éxodo a los centros poblados y ciudades, no solo de los campesinos sino de la población rural, aquella que vivía en áreas de menos de 5.000 personas y que se asentaron en las zonas urbanas engrosando la economía informal que hoy llega al 56 de la fuerza laboral. Se pasó por una nueva ley de reforma agraria en 1994 después de los acuerdos de paz de los noventa con las guerrillas, con las autodefensas en 2005 y las Farc en 2016, mientras la reforma agraria no ha dejado de ser marginal porque con tanto tiempo transcurrido y la urbanización de la población, no resulta atractivo regresar al campo cuando la vida urbana ha absorbido a la población joven que migró y prefiere seguir en una moto que estar a expensas de la inseguridad rural. Frente a este panorama y después de llegar al poder a como diera lugar, el presidente Petro acelera para entregar tierras, lo cual debe ubicarse en la perspectiva de aumentar la producción agraria garantizando la seguridad alimentaria del país al integrar esta economía al mercado y que los nuevos productores se dediquen a lo suyo y transformen su vida personal y social con el trabajo y no por las vías de hecho.