Entre lo público y lo privado

La confrontación entre lo público y privado en Colombia resucita, desafiando la cooperación esencial para el desarrollo. El gobierno prioriza lo público, ignorando al sector privado, motor económico crucial.

Por Fernando Negrete Montes Se tenía entendido y así funciona una democracia, que entre lo público y privado debe haber una cooperación donde el primero provee las condiciones para el desarrollo del territorio en el marco de la institucionalidad y el segundo, los recursos de la actividad productiva para que aquel cumpla los objetivos nacionales plasmados en la Constitución Política, asunto que se consideraba superado en el país en las últimas décadas. Desafortunadamente se ha llegado en el actual gobierno nacional a resucitar desde el poder, la confrontación como instrumento de solución de conflictos y a mirar al sector privado como el enemigo a abandonar o dejar de lado, sin importar que, de este, no solo hacen parte los empresarios sino la gran mayoría de colombianos que, de acuerdo con su capacidad laboral, contribuyen con los recursos que recauda el gobierno y que luego aplica en su gestión como administradores de lo "público". Al revisar las cifras de la población colombiana, encontramos que solo 2 millones hacen parte de lo público, constituidos por los poderes ejecutivos, legislativo y judicial con sus diferentes estructuras administrativas a nivel regional y local, sumadas las fuerzas militares y de policía y el magisterio, financiados con los impuestos que provienen del sector privado y los empleados de las empresas industriales y comerciales del estado que generan sus propias rentas, frente a 48 millones de personas que constituyen el sector privado. Desde la perspectiva productiva, de estos 48 millones son activos laboralmente 23 millones que sostienen el Producto Interno Bruto de Mil quinientos billones de pesos de los cuales $500 billones se van como impuestos a los gobiernos y el resto a la remuneración a los factores de producción en actividades de Consumo e Inversión para seguir aumentando la riqueza, lo que demuestra que son las personas con sus trabajos las que sostienen la actividad pública. En este sentido, no es recomendable administrar con preferencias hacia el sector público como en la fallida reforma a la salud que estatizaba el servicio, o la laboral que se olvida de la generación de empleo o del proyecto de reforma agraria que hace de la tenencia el problema central, pasando por encima de los avances obtenidos en estos sectores y que el gobierno busca imponer con la movilización que demandaría recursos de los impuestos para estos cometidos. Frente a este panorama, no se debe seguir tratando al sector privado, todos, como los causantes de los problemas del país, sino buscar la forma de crear las condiciones para que más personas con sus empresas se sigan vinculando al torrente económico y dependan menos de los subsidios.