Entre el decreto y la realidad: el costo del limbo sanitario en Córdoba

Tenemos un nuevo capítulo del drama institucional en el sistema de salud colombiano y, como siempre, los más afectados somos los de las regiones, como la nuestra. Recientemente, el Consejo de Estado suspendió provisionalmente el Decreto 858 de 2025, una norma con la que el Gobierno pretendía reorganizar redes de salud, redefinir el papel de las EPS y reforzar la atención primaria territorial. Pero esa suspensión genera una parálisis regulatoria inédita que podría golpear aún más a departamentos como Córdoba.

El decreto, en el papel, buscaba ordenar recursos, descentralizar decisiones y darle estructura a la atención. En la práctica, representaba una apuesta por cambiar esquemas de poder en salud que, en muchas regiones, van contra el acceso digno. Pero, al detenerlo, se genera un limbo: lo viejo no marcha bien, lo nuevo queda frenado y, en medio, estamos los pacientes, los médicos y las autoridades locales. Ahora bien, este limbo tiene responsables claros, y el primero es el propio Gobierno. En lugar de construir consensos amplios con su proyecto de reforma al sistema, prefirió imponer su modelo a las malas, metiendo cambios por la puerta trasera mediante decretos y actos administrativos que claramente rozan los límites de la legalidad. Es el costo de gobernar desde la soberbia y no desde el diálogo. El Decreto 858 tenía fallas de fondo y de forma, y su suspensión no debería sorprender a nadie: fue producto de una improvisación política que buscó sustituir con velocidad lo que debía construirse con legitimidad. En Córdoba, donde los hospitales de baja densidad ya luchan contra la escasez de especialistas, medicamentos y recursos básicos, esta parálisis es una mala noticia. Aquí no podemos darnos el lujo de depender exclusivamente de decisiones tomadas en Bogotá. Necesitamos redes operativas, flujos de recursos constantes y mecanismos de supervisión que funcionen. Pero, con el decreto suspendido, quedamos otra vez en terreno incierto, mirando hacia arriba mientras el centralismo decide qué hacer con nosotros. Y lo peor: este “ánimo de cambio” puede degenerar en reformas menores o en remiendos burocráticos que terminen beneficiando a los grandes centros urbanos. Mientras tanto, municipios como Tierralta, Montelíbano o San José de Uré seguirán necesitando servicios que no aparecen, medicamentos que no se reponen y programas que nunca llegan. Desde Córdoba debemos exigir participación real. Si se van a rediseñar las redes de salud, que se escuche a los territorios: alcaldes, secretarios de salud, gremios médicos y ciudadanía. También urge fortalecer lo que sí funciona: la atención primaria, la telemedicina y la promoción de la salud rural, para que, ante un vacío normativo, no quedemos completamente a la deriva. El Decreto 858 no era la solución, pero su suspensión tampoco lo es. Lo que realmente duele es que el país siga atrapado entre la terquedad del poder central y la necesidad urgente de los territorios. Ese es el costo del limbo sanitario que hoy pagamos en Córdoba.