Elecciones y ordenamiento territorial

El ordenamiento del suelo no es un tema ideológico; son una serie de decisiones estratégicas y técnicas sobre cómo se distribuyen oportunidades sociales, riesgos y la economía en el territorio.

Las decisiones sobre usos del suelo, expansión, densificación, ruralidad y gestión del riesgo determinan en parte la sostenibilidad fiscal de los entes territoriales, la eficiencia de la inversión pública y la viabilidad de las políticas de vivienda, movilidad y ambiente. Sin embargo, de cara a las próximas elecciones, el debate político sigue abordando estos temas de manera superficial y pocos son los candidatos que lo desarrollan. ¿Por qué los municipios expanden sus ciudades sin recursos para sostenerlas? ¿Por qué la informalidad urbana sigue siendo la principal puerta de acceso a la vivienda? ¿Por qué el precio del suelo crece más rápido que los ingresos? ¿Cómo gestionar los riesgos de origen natural? Insisto, estas preguntas, centrales en la doctrina urbanística y fiscal, rara vez aparecen en el debate electoral, a pesar de la carencia en nuestro país de políticas públicas efectivas en estos temas. El actual gobierno incorporó el ordenamiento territorial dentro de su narrativa de transformación social y ambiental. No obstante, los avances han sido limitados, pues más del 70 % de los municipios continúa operando con POT vencidos o con bajos niveles de implementación. Esta situación ha perpetuado modelos urbanos extensivos, una ocupación informal del suelo y una expansión que supera con creces las capacidades financieras e institucionales. Otro ejemplo de ello es el del sistema catastral multipropósito; concebido como el soporte técnico del ordenamiento del suelo y de la tributación predial, a 2024 apenas cubre cerca del 35% del territorio nacional. A ello se suma que, en la práctica, muchos instrumentos urbanísticos siguen siendo ejercicios normativos desconectados de la realidad fiscal, del comportamiento del mercado del suelo y de la capacidad administrativa local. El resultado ha sido inseguridad jurídica, conflictos recurrentes por usos del suelo y una creciente judicialización de la planeación urbana. El próximo Congreso y el próximo presidente enfrentarán una agenda urbanística inaplazable. Reconstruir una política nacional de ordenamiento del suelo exige, primero, devolverle centralidad técnica y fiscal al POT como instrumento rector del desarrollo territorial. Segundo, avanzar hacia una descentralización real de la planeación urbanística, dotando a los entes territoriales de capacidades normativas, técnicas y financieras para gestionar su suelo, y no solo para cumplir directrices. Tercero, integrar de manera efectiva el ordenamiento urbano con la sostenibilidad ambiental y la gestión del riesgo, evitando que la expansión continúe ocurriendo sobre suelos no aptos.