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Opinión

El ventilador de Olmedo

Rafael Hernández Mestra
Rafael Hernández Mestra
Columnista
30 de julio de 2024

La Fiscalía destapa pruebas del escándalo en la Ungrd, involucrando a altos funcionarios, incluyendo al ministro de Hacienda. El caso impacta al Gobierno y Congreso, cuestionando su legitimidad.

Por Rafael Hernández Mestra Tal como estaba previsto, el jueves de la semana pasada la Fiscalía destapó el arsenal de pruebas que tenía contra todos los implicados en el saqueo a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) y del que se viene hablando hace meses. Pero resulta que el ventilador de Olmedo López y Sneyder Pinilla no dejó "títeres con cabeza" y hay otros "cocotudos" que son de las entrañas del Presidente que están involucrados en lo que la propia Fiscalía llamó un "aparato criminal". En efecto, la Fiscalía le da credibilidad a los graves señalamientos de López y Pinilla contra el Ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla; el ex jefe del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) y, hasta el pasado viernes, cabeza de la Dirección Nacional de Inteligencia (antiguo DAS), Carlos Ramón González, y la ex concejera para las regiones Sandra Ortiz y también vinculó en el entramado al director de la Función Pública, Cesar Manrique, otro hombre de confianza del Presidente de la República. De ellos dijo textualmente la Fiscalía que fueron clave para "conformar una empresa criminal para cometer delitos contra la administración pública interesándose indebidamente en la contratación privada y expedita de la Ungrd". El caso comenzó en lo que tiene que ver con la parte jurídica ante la Fiscalía y la Corte Suprema de Justicia, pero no hay duda de que también van a tener implicaciones en el campo político, pues aquí hay dos actores de grandes impactos como lo son el Gobierno y el Congreso. Ambos han quedado en entredicho y su legitimidad nuevamente se ha puesto en duda ya que estos casos de corrupción, quiérase o no, van a tener un impacto en el gobierno y su gobernabilidad, en su relación con el Congreso. De momento la acusación de la Fiscalía ya cobró una cabeza, la de Carlos Ramón González y vendrán más. Lo que obligaría a que en el gobierno haya un nuevo remezón obligado, amén del Congreso donde habrá afectaciones directas al trámite del paquete legislativo del gobierno, por ejemplo, va a hacer muy difícil que el ministro de Hacienda Bonilla tenga legitimidad para tratar el presupuesto y una reforma tributaria ante unos congresistas donde hay muchos salpicados y comprometidos en dicho escándalo.