El síndrome del reportero

Como si lo que no se cuenta no existiera.

Esa parece ser la lógica que gobierna hoy las redes sociales: la realidad no ocurre hasta que alguien la publica, la etiqueta y la comparte. Y en esa carrera frenética por ser el primero en "informar", hemos confundido dos cosas que no son lo mismo: denunciar y exhibir. Hace unos días, una imagen de un extranjero en un balcón con un niño recorrió el mundo en segundos. Quiero ser clara: que la comunidad haya reaccionado, que haya llamado a las autoridades, que haya exigido que alguien verificara los hechos, me parece no solo válido, sino necesario. Eso es exactamente lo que debe hacer una ciudadanía alerta. El problema no fue la denuncia. El problema fue lo que vino después: la imagen viralizada, el juicio colectivo en tiempo real, la condena antes del proceso. Porque denunciar ante las autoridades competentes y publicar la imagen del sospechoso no son lo mismo. Se parecen, pero no lo son. Uno activa al Estado. El otro pretende reemplazarlo. En Colombia, el artículo 29 de la Constitución garantiza la presunción de inocencia. No como formalismo decorativo, sino como escudo frente al poder, incluido el poder difuso y brutal de la viralidad. Compartir una imagen acompañada de conclusiones sobre la responsabilidad de una persona antes de que se verifique no es informar: es contribuir a un juicio paralelo. Y ese juicio rara vez admite rectificaciones. El algoritmo amplifica la acusación, pero no la corrección. Lo más revelador del episodio fue que hasta el presidente de la República hizo declaraciones acusatorias. Declaraciones que, pocas horas después, tuvo que rectificar. Si el primer mandatario del país no resistió el impulso de hablar antes de saber, ¿qué podemos exigirle al ciudadano de a pie que comparte desde el calor de la indignación? Mucho. Le podemos exigir mucho. Precisamente porque la indignación sin método produce víctimas nuevas. Hoy los abogados del extranjero anuncian acciones legales. Y podríamos terminar pagando todos, a través de una eventual responsabilidad patrimonial que recaiga sobre el erario público. Esa es la paradoja amarga: se quería proteger a un niño y se terminó generando otro daño, esta vez institucional y colectivo. La denuncia es un derecho y, más que eso, un deber ciudadano. Pero tiene una forma. Tiene un destinatario: la autoridad competente. Tiene un contenido: los hechos que se conocen, no los que se suponen. Y tiene un límite: la dignidad de quien aún no ha sido hallado responsable de nada. No somos reporteros de todo lo que sucede a nuestro alrededor. Mucho menos jueces, fiscales o investigadores. Sin embargo, basta un teléfono móvil y un clic para que muchos asuman esos papeles al mismo tiempo. Y cuando actuamos desde el impulso instantáneo de creer haber descubierto una verdad, no necesariamente estamos haciendo justicia. Podemos estar corriendo el riesgo de producir una nueva injusticia. Denuncie siempre. Pero hágalo bien.