El precio de los Megaproyectos

Buenaventura, clave estratégica de Colombia, enfrenta la pobreza, la violencia y el narcotráfico. El auge portuario contrasta con la exclusión y el desplazamiento, exacerbando la desigualdad.

Buenaventura se consolida en Colombia como escenario protagonista en términos estratégicos; su ubicación y actividad portuaria la hacen una de las principales ciudades del pacífico para las economías comerciales regionales y nacionales. Sin embargo, este territorio también se ve afectado por problemáticas como la miseria, la pobreza, la exclusión social, el conflicto armado y otro tipo de situaciones violentas, causadas por el narcotráfico y las estructuras del neo paramilitarismo emergentes. Las figuras armadas de los grupos criminales no son foráneos de estos territorios, en esta problemática la población correspondiente a las zonas afectadas, están directamente vinculada a las actividades ilícitas como el narcotráfico y la violencia, difiriendo del paramilitarismo insurgente. Mediante un proceso de reconfiguración de las organizaciones al frente del narcotráfico, se puede evidenciar que hoy día se encuentra cada vez más relacionada con formas de externalización criminal. Estos aspectos han permitido que Buenaventura se haya convertido en el lugar perfecto para el desarrollo de actividades ilegales, sin que puedan ser controladas de cierta manera, debido a la desatención y malos procesos del Estado, frente la situación social de Buenaventura; la pobreza, el desempleo, marginalidad y debilidad institucional. Hoy día el narcotráfico, las organizaciones al margen de la ley, y las nuevas formas de externalización delincuencial, diversifican sus formas de expresar la violencia y la manera de generar un control, intensificando escenarios como torturas, desapariciones, desmembramiento, masacres, entre otras; trayendo como consecuencia el desplazamiento masivo de la población y permitiéndoles tener un control tanto en la zona urbana, como en la zona rural del municipio. Otra forma de dar cuenta de esa racionalización de la violencia viene desde la idea de seguridad como política estratégica del Estado, que en nombre de la protección a la población despliega un proceso de militarización del espacio como una forma de control sobre el mismo. Por otra parte, las políticas de seguridad expresadas en la militarización representan los intereses económicos gubernamentales, esto debido a lo anteriormente mencionado: Buenaventura es la única zona económica de exportación en el océano pacífico y por ende, representa un lugar estratégico para la economía del país. En favor al crecimiento y a la protección de las elites políticas y sectores económicos en juego, no tienen en cuenta y desconocen el desarrollo y los proyectos de vida de la población afectada, causando un ambiente de intimidación a través de un andamiaje político-militar que no permite e invadida el desarrollo de las actividades diarias. Los grupos empresariales manejan un discurso que incentiva el aprovechamiento de las rutas marítimas mediante la logística portuaria de talla internacional. Sin embargo, históricamente dicha actividad no se ve reflejada en la contribución al mejoramiento de las condiciones sociales, económicas, políticas o culturales de los habitantes del municipio. De esta manera, lo que sí ha sido constante, es la tensión existente entre el modelo económico adoptado en Buenaventura y las condiciones de vida de su población. Los megaproyectos impulsados por dicho modelo económico, que no tiene en cuenta las realidades y problemáticas del país, sino que se basa en los intereses de multinacionales y que, además, se justifica en toda la idea importada del desarrollo, ha desencadenado en los municipios periféricos del país, desplazamientos forzados y escenarios de violencia armada. Estas situaciones de despojo territorial dejan al descubierto la existencia de dos Colombias, con brechas abismales. Por una parte, encontramos a la Colombia urbana, con aspiraciones modernas que promueven y adoptan la globalización económica e incluyente de la cual, se supone depende el bienestar de todos y que vende una idea de Estado de derecho; sin embargo, por otra parte se encuentra la Colombia que representa la mayor parte del territorio nacional, con culturas diversas y etnias consideradas minorías, en zonas rurales o periféricas de las grandes ciudades; una Colombia de ecosistemas tropicales, húmedos, cálidos y sobre todo, biodiversos, que ha adoptado modelos de vida que no caben en la lógica capitalista y racista impuesta por los centros de poder. Es precisamente esa Colombia la que aporta no solo la materia prima, sino que además ha puesto la mayor parte de las víctimas de la violencia que genera todo este proceso del mal llamado “desarrollo” y de sus “megaproyectos”. En un proceso dialéctico más práctico, la diferencia entre estas dos Colombias, se ve reflejada en la forma como se entiende el mar. Para una, no es más que una masa de agua, la cual se debe explotar para su aprovechamiento económico, aunque esto genere daños trágicos e irreversibles. Para otros por el contrario, significa identidad, ancestralidad, sustento, trabajo, espiritualidad. En una el debate gira en torno a la búsqueda de soluciones de problemáticas de tipo económico; mientras que, en la otra, los problemas que se viven, como el desplazamiento forzado, la intimidación, las amenazas y la violencia en general, son por consecuencia de las decisiones tomadas por la primera. Es así, como la violencia se naturaliza como parte de un proceso en el que el gran ausente es sin duda el Estado como garante y protector de derechos, y se manifiesta el carácter egoísta de todos estos proyectos de industrialización, pues los beneficios no se ven reflejados en el mejoramiento de las condiciones de vida de la población. A partir de esto, es necesario recordar que los megaproyectos no son solo iniciativa de multinacionales y empresas privadas, sino que hacen parte de las estrategias del Estado para la apertura económica y que cuenta con el apoyo de otros sectores empresariales. Por lo tanto, el tema no solo representa un problema ambiental y social, sino que es fundamentalmente políticos, que nos debe llevar a cuestionar el modelo de Estado que adoptamos; a quién representa, a partir de qué criterios se basan sus mecanismos de decisión y qué garantías institucionales les ofrece sobre todo a las regiones que se ven más afectadas. De esta manera, las historias de las víctimas de los megaproyectos en Buenaventura y a lo largo de todo el país, permiten poner en perspectiva las brechas y contradicciones entre los actores económicos del “desarrollo” y las comunidades afrocolombianas, indígenas y campesinas cuya elección de vida no se ajusta a las lógicas de la economía capitalista. A partir de esto, puede pensarse que la guerra en Colombia ha obedecido en parte a los intereses mezquinos de los grupos económicos y políticos reconocidos en el país, que se sirven de otros grupos armados que perpetúan el desplazamiento y la violencia para que el narcotráfico, la empresa privada y las multinacionales, se vean beneficiadas. Esta estrategia de no garantizar los mínimos vitales, de atormentar a las comunidades con el ruido y el humo, solo genera un ambiente de desarraigo cultural entre el individuo y el territorio que produce a su vez, un desalojo que es aparentemente “voluntario”. Esto sucede de manera simultánea a las intimidaciones, amenazas, desapariciones y masacres perpetradas por los grupos armados que trabajan de la mano de las multinacionales; sometiendo a la gente al despojo territorial como estrategia de control de territorios por parte de las industrias para el tema específico de la expansión portuaria ligada a los Tratados de Libre Comercio (TLC) y la preparación de la infraestructura para la llegada de ese tratado a Buenaventura.