El poder no transforma si no se cuestiona

En muchas "democracias" —algunas de nuestro continente— se ha normalizado una idea peligrosa: que cuestionar al poder equivale a traicionar el proyecto político que se respalda. Y eso, en sí mismo, es profundamente alarmante.

El problema no es tener una postura. El problema es creer que esa postura exige silencio. Como si lo justo dejara de serlo cuando lo comete "el nuestro". Como si pensar distinto fuera una amenaza, y no un acto legítimo de criterio. Pero el poder que no se cuestiona se convierte en abuso. Y el poder que solo se celebra, inevitablemente, se vuelve sordo. En una democracia, el control no se ejerce desde la indignación pasajera en redes sociales, sino desde los mecanismos que nos entrega la Constitución: acciones de tutela, veedurías ciudadanas, derechos de petición, acciones populares. Herramientas reales, pero poco usadas. No por falta de acceso, sino porque muchas veces hemos aprendido a mirar hacia otro lado. Especialmente cuando quien está en el poder nos representa. Ahí está el verdadero riesgo: que callemos cuando nos sentimos identificados. Que el afecto político se convierta en justificación. Pero la defensa de la democracia no puede depender del afecto. Lo que está mal, está mal. Lo haga quien lo haga. Una de las expresiones más evidentes de ese desequilibrio es la facilidad con la que se reforman nuestras normas fundamentales. La Constitución del 91 —concebida como un pacto duradero para garantizar derechos— ha sido reformada más de 50 veces en poco más de tres décadas. Mientras tanto, la Constitución de Estados Unidos, en vigor desde 1787, ha tenido solo 27 enmiendas. Y muchas de ellas surgieron de batallas históricas por derechos fundamentales. Aquí, en cambio, hemos visto reformas que responden a cálculos de poder: permitir la reelección, alterar la elección de magistrados, debilitar contrapesos. Todo eso con discursos populistas que invocan al pueblo, pero que en la práctica lo excluyen. Volver al espíritu del 91 es una necesidad. Fue una Constitución escrita desde la apertura, no desde la imposición. Pensada para proteger derechos, no para garantizar mayorías. Fue una respuesta institucional al autoritarismo, no un instrumento para prolongarlo. Sí, el poder puede transformar. Pero solo si es capaz de escucharse a sí mismo. Solo si permite el disenso. Solo si acepta límites. No hay transformación sin conciencia, ni conciencia sin voces que incomoden. Por eso, cada vez que se proponga una reforma constitucional, la pregunta no puede ser si es viable. Tiene que ser: ¿A quién beneficia realmente? ¿A quién deja por fuera? ¿Y por qué no puede resolverse dentro del marco ya existente? Una democracia que no reconoce la oposición como parte de su equilibrio rompe su propio contrato. Y cuando eso ocurre, lo que sigue no es gobierno: es imposición. Y en esta región, sabemos demasiado bien cómo termina esa historia. Ya lo hemos vivido.