El poder judicial mexicano

México enfrenta una polémica reforma judicial impulsada por López Obrador: propone elegir jueces por voto popular. La iniciativa, con alta aprobación, genera críticas por riesgo a la democracia y la impunidad.

Por Rafael Hernández Mestra En México, como en la mayoría de los países, excepto las dictaduras, el poder judicial es ejercido por Jueces y Magistrados que trabajan en el Tribunal Superior de Justicia, que es el máximo representante de la justicia, por juzgados y salas. El poder judicial funciona de manera autónoma sobre el poder legislativo y el poder ejecutivo. El sistema legal mexicano es básicamente de derecho civil y sus normas están codificadas. La Constitución mexicana establece que las materias que no estén expresamente reservadas al Estado Federal serán competencia de los estados de la Federación, tales como el derecho civil y el de familia. Recordemos que México no es un país unitario como el nuestro, sino un Estado Federal en donde cada estado (lo que es para nosotros los departamentos) legislan en su territorio, pero que sus normas no pueden estar por encima de la constitución. Actualmente, México es el país con el nivel más alto de impunidad de las Américas, siendo el cuarto país con más impunidad en el mundo. En promedio, el 91 % de los delitos cometidos en México quedan en la impunidad. Pues bien, resulta que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, izquierdista, que no se caracteriza propiamente, por demócrata, pues no ha condenado el régimen en Venezuela, se le ha ocurrido la idea de presentar una reforma judicial en el sentido de que los Jueces y Magistrados sean elegidos por votación popular. En efecto, la polémica reforma judicial que propone López Obrador, dio su primer paso la semana pasada en el Congreso con la alta aprobación de la Cámara de diputados, a pesar de las protestas de los trabajadores de ese sector y de las críticas de la oposición y de Estados Unidos. Se da por seguro de que esa iniciativa sea aprobada, pues el presidente cuenta con las mayorías y el paso siguiente es en el senado mexicano donde también hay mayorías oficialistas. Lo cierto es que esa reforma en México es un riesgo para la democracia mexicana, pues es un país con amplio dominio de los narcotraficantes, los cuales podrían aprovecharse de la elección popular de jueces para colocar sus fichas y poder manipularlos. Los Magistrados, incluidos los de la Corte Suprema, serían elegidos mediante listas de candidatos propuestos por los poderes ejecutivos, legislativos y judicial. El argumento de López Obrador, impulsor de la reforma, es que actualmente Jueces y Magistrados favorecen la corrupción y a grupos criminales.