El futuro de justicia: ¿En manos del algoritmo?

Imagínese que alguien revisa toda su historia y, con base en lo que hicieron otros que se le parecen, decide su futuro. No lo que usted hizo. No lo que usted es. Lo que estadísticamente tienden a hacer personas como usted. Eso, en términos llanos, es lo que algunos llaman inteligencia artificial aplicada a la justicia.

No es ciencia ficción. En Estados Unidos, un sistema llamado Compas lleva años ayudando a jueces a decidir si una persona sale libre o se queda presa mientras espera juicio. El problema es que el algoritmo aprendió a asociar el riesgo de reincidencia con la raza. La máquina no inventó ese prejuicio. Lo heredó de décadas de decisiones humanas cargadas de discriminación, y lo devolvió pulido, con el brillo de los datos. Nadie lo cuestionó porque los números parecían objetivos. Colombia mira ese debate desde lejos, como si fuera cosa de otros. Pero la pregunta ya está entre nosotros. Ya hay quienes proponen automatizar partes del proceso judicial para descongestionar los despachos. Ya hay algoritmos que analizan jurisprudencia. Y la línea entre ayudar al juez y reemplazar al juez es más delgada de lo que parece desde afuera. Nuestra Constitución del 91 no prohíbe que la tecnología entre a los tribunales. Lo que sí exige es que cada decisión que afecte derechos esté motivada, sea controlable y tenga un responsable de carne y hueso. Una correlación estadística no motiva nada. Una caja negra no permite recursos. Y cuando el algoritmo discrimina –porque los datos de los que aprendió ya discriminaban–, no hay nadie a quien pedirle cuentas. El derecho no funciona sin ese alguien. Lo más inquietante no es la máquina. Es el deslizamiento. El momento en que el juez deja de razonar y empieza a ratificar lo que el sistema ya sugirió. Ese momento no llega con anuncio. Llega con el cansancio, con la acumulación de expedientes, con la comodidad de una herramienta que da una respuesta rápida. Y cuando llega, la toga sigue puesta, pero el juicio ya no está. La inteligencia artificial puede hacer cosas útiles en la justicia: buscar precedentes, gestionar agendas, organizar expedientes. Nadie discute eso. Lo que no puede hacer es decidir sobre la libertad, la familia, los derechos de una persona. No porque sea técnicamente incapaz. Sino porque juzgar no es detectar un patrón. Es asumir una responsabilidad que no se programa y no se delega. ¿Estamos listos para sostener esa distinción cuando la presión del sistema empuje en sentido contrario? ¿Cuándo el despacho tenga quinientos expedientes y el algoritmo tenga una respuesta para todos? Esa es la pregunta que nadie en la Rama Judicial parece querer hacerse todavía. Y el silencio, en derecho, nunca es inocente.