El fast track de Petro
El presidente Petro busca revivir el "fast track" de Santos para reformar la Constitución. Esta medida, que agilizó acuerdos de paz, genera controversia por el poder que otorgaría al mandatario. La Corte Constitucional decidirá.
En el segundo mandato del expresidente Juan Manuel Santos, la Corte Constitucional avaló el mecanismo del fast track con el fin de aprobar de manera expedita los acuerdos de paz logrados en La Habana con las Farc. Fue así como se lograron reducir el número de debates establecidos en la constitución, saltándose lo que la mayoría del pueblo colombiano había aprobado en un plebiscito previo, de que no estaban de acuerdo con lo propuesto entre el gobierno Santos y las Farc. Con este mecanismo se tramitaron, los indultos para las Farc, la justicia transicional y la habilitación de las Farc como partido político legal. También, Santos se aseguró que el acuerdo de paz se cumpliera para futuras administraciones y les otorgara a futuros presidentes la capacidad de emitir decretos con rango de ley. Luego en el gobierno de Iván Duque, en 2017, se ganó una demanda ante la corte constitucional con el fin de acabar con el fast track, por lo que en la actualidad ese mecanismo no se encuentra vigente, y por lo tanto para reformar la constitución se deberá avanzar con un acto legislativo de ocho debates en el congreso. El actual mandatario pidió revivir este mecanismo para poder modificar la constitución, e implementar a su gusto todas las reformas que le han sido adversas y poder decretar con rango de ley y en tiempo récord los puntos que él considera claves para fomentar "la paz y la igualdad en el país". Entre esos puntos Petro incluye la modificación de normas de las vigencias futuras y el plan fiscal de mediano plazo para fomentar la inversión en territorios específicos. También propone cambiar la distribución del sistema general de participaciones para priorizar municipios Pdet, excarcelación de campesinos productores de coca con el argumento que la coca es "un simple vegetal que ha sido criminalizado". Igualmente contempla la figura de la conversión de concesión hereditaria y familiar en zonas selváticas de Colombia y una reforma agraria con compra administrativa "exprés" de la tierra. También planea establecer un sistema único de verdad, justicia y reparación para todos los actores del conflicto, llámense guerrilleros, paramilitares u organizaciones de narcotraficantes. Obviamente, esta propuesta ha levantado mucha controversia, ya que se le daría al Presidente un enorme poder, supraconstitucional y por encima del legislativo, lo que lo constituiría prácticamente en un dictador, con todos los abusos que esto conllevaría, incluida la reforma del articulito que permitiría la reelección presidencial indefinida. La Corte Constitucional tiene la última palabra.