El diagnóstico psiquiátrico no es una condena moral, tampoco una coartada

La medicina ha recorrido un largo camino para desterrar la idea de que los trastornos mentales definen el valor de una persona. Hoy sabemos que la depresión, la esquizofrenia o las adicciones son condiciones de salud que requieren atención, tratamiento y acompañamiento, nunca rechazo y/o discriminación. En ese sentido, el reciente pronunciamiento de la Asociación Colombiana de Psiquiatría, a raíz de una nueva salida en falso del presidente Petro, nos recuerda que la salud mental no puede convertirse en un argumento para desacreditar la capacidad ética, intelectual o profesional de nadie.

Defender ese principio tampoco obliga a aceptar lo contrario. Existe una tendencia a convertir un diagnóstico psiquiátrico en una explicación suficiente de conductas que pertenecen al ámbito de la responsabilidad moral. Llegando al extremo de que, si alguien miente, manipula, agrede o incluso mata, la respuesta consiste en buscar un diagnóstico que explique el comportamiento. El análisis ético desaparece y todo queda reducido a una categoría clínica. Un diagnóstico es insuficiente para definir el carácter de una persona, tampoco permite deducir automáticamente por qué actuó de determinada manera. En psiquiatría, especialmente en el ámbito forense, el razonamiento científico trata de establecer cuál era el estado mental de una persona al momento de los hechos y si ese estado afectó de manera demostrable su capacidad para comprender la realidad o dirigir voluntariamente su conducta. Responder esa pregunta exige más que un antecedente clínico, una historia familiar o un certificado médico. La inmensa mayoría de las personas con trastornos mentales nunca cometerá un acto violento. De hecho, con mayor frecuencia son víctimas de violencia, exclusión y estigmatización. Asociar inmediatamente enfermedad mental con peligrosidad es incorrecto, desalienta la búsqueda de atención y profundiza el aislamiento social de quienes necesitan tratamiento. Sin embargo, también es un error afirmar que toda conducta delictiva atribuida a una enfermedad mental carece de responsabilidad. Existen pacientes que, aun conviviendo con un diagnóstico psiquiátrico o una adicción, conservan la capacidad de planear, mentir, manipular y tomar decisiones orientadas a obtener un beneficio o eludir consecuencias. La enfermedad puede coexistir con la conducta moralmente reprochable. Una no cancela a la otra. Como advertía Marcelino Cereijido en su libro “Hacia una teoría general sobre los hijos de puta“, las circunstancias biológicas y sociales pueden favorecer la aparición de conductas destructivas. Explican vulnerabilidades, aumentan probabilidades y ayudan a comprender el comportamiento humano. Pero comprender y justificar son cosas diferentes. Si toda explicación se convierte en absolución, desaparece la responsabilidad individual, y si toda enfermedad se convierte en sospecha moral, desaparece la dignidad del paciente. La medicina tiene la obligación de resistirse a ambos extremos. Debe combatir el estigma que pesa sobre quienes padecen un trastorno mental, pero también impedir que el lenguaje clínico sea utilizado exclusivamente a conveniencia para propiciar o eludir el juicio ético y jurídico. Un diagnóstico nunca debe ser una condena moral, tampoco una licencia para dejar de responder por los actos propios.