El derecho que nunca existió

Hubo un tiempo en que una mujer no podía administrar sus bienes, celebrar contratos, votar o decidir plenamente sobre su propia vida. Durante siglos, otros decidieron por ella: el padre, el esposo. La conquista de sus derechos no consistió únicamente en ampliar libertades; consistió, sobre todo, en desmontar una antigua ficción: la de que una persona podía pertenecer a otra.

Las leyes cambiaron. La cultura aún no lo hace con la misma velocidad. Por eso no deja de inquietarme que, hace apenas unos días, algunas voces volvieran a sugerir que el voto de una mujer casada fuera ejercido por su esposo. La propuesta carece de cualquier posibilidad jurídica. Pero revela algo más perturbador: que, pese a los avances normativos, esa idea todavía pueda formularse. Hay convicciones que sobreviven incluso después de haber sido derrotadas con tanto esfuerzo. Quizá por eso, cada vez que una mujer es asesinada por razón de su género, todavía hay espacio para preguntarse cómo iba vestida, por qué estaba allí, por qué no se fue antes o por qué aceptó volver. Como si alguna de esas respuestas pudiera justificar que alguien llegara a creer que tenía derecho sobre su vida o que su voluntad podía ser sustituida por la de él. Ahora bien, esa convicción no aparece de la nada. Se aprende cuando los celos se celebran como prueba de amor. Cuando el control se presenta como cuidado. Cuando la insistencia frente al rechazo se interpreta como perseverancia. Cuando una mujer siente que debe justificar por qué terminó una relación, por qué dijo no o por qué decidió marcharse. Se refuerzan, también, cuando las amenazas se minimizan, las medidas de protección se incumplen y las instituciones llegan únicamente para investigar una muerte que pudo haberse evitado. El Estado no instauró esa cultura. Pero tampoco le es indiferente. Cada respuesta tardía, cada omisión y cada acto de negligencia envían un mensaje sobre el valor que una sociedad concede a la autonomía de las mujeres. Quizá el feminicidio no sea solamente un crimen contra la vida, la dignidad o la igualdad. Es también el último intento de hacer cumplir un derecho que nunca existió: el de creer que un hombre puede disponer de la libertad, las decisiones o la vida de una mujer porque alguna vez la consideró suya. En Colombia, el feminicidio fue tipificado como delito autónomo en 2015 mediante la Ley Rosa Elvira Cely. La norma fue un avance indispensable, pero también reveló una verdad incómoda: el derecho puede sancionar la violencia; no puede, por sí solo, erradicar las ideas que la sostienen. La verdadera igualdad no se alcanzará cuando las leyes reconozcan derechos, sino cuando ninguna mujer tenga que preguntarse si ejercer su libertad puede costarle la vida. La última revolución pendiente no es jurídica: es aprender, por fin, que una mujer nunca fue propiedad de nadie.