El Congreso no es el rey (y el presidente no es la Constitución)

Hace más de dos siglos, un estado americano prefirió amenazar con la horca antes que obedecer a una corte. Esa vieja pelea explica algo que hoy nos toca de cerca: quién manda de verdad en una democracia — y quién solo dice que manda.

En 1793, el estado de Georgia, en Estados Unidos, estuvo a punto de aprobar una ley insólita: pena de muerte para quien intentara hacer cumplir, contra Georgia, una sentencia de la Corte Suprema. Así, tal cual. La horca como respuesta a un fallo judicial. ¿Qué había decidido la Corte para provocar semejante furia? Algo que hoy suena elemental: que un ciudadano podía demandar a un estado y ganarle. Un comerciante reclamaba una deuda que Georgia nunca le pagó; Georgia respondió que ella era "soberana" y que a los soberanos no se les demanda; y la Corte contestó, en un caso llamado Chisholm contra Georgia, que aquí nadie está por encima de la ley. Georgia perdió el pleito, pero armó tanto escándalo que dos años después le cambiaron la Constitución al país para darle gusto. Detrás de esa pelea de plata había una pregunta enorme, la más importante de todas: ¿quién manda de verdad? Y las respuestas posibles eran dos. Dos maneras de responder "quién manda" La respuesta inglesa: manda el Parlamento. El Congreso, diríamos nosotros. Lo que el Parlamento apruebe es ley, nadie puede tumbarla, y punto. Suena razonable —al fin y al cabo el Parlamento es elegido— hasta que uno lo piensa dos veces: si el Parlamento puede hacer cualquier ley, entonces la mayoría de turno puede cualquier cosa. Hoy te protege; mañana, con otros votos, te quita lo que te dio. La mayoría del momento es, literalmente, el rey. La respuesta americana: manda el pueblo. Pero ojo, no como frase de discurso. Los americanos convirtieron esa idea en una tecnología concreta: el pueblo escribe una Constitución, esa Constitución queda por encima del Congreso, y ninguna ley puede contradecirla. El Congreso legisla, sí, pero dentro de una cancha que no dibujó él y que no puede correr a su antojo. Las rayas de la cancha las pintó el dueño del juego: el pueblo. Y aquí va una dosis de honestidad, porque la historia real no es un cuento de héroes. A los americanos les costó aprenderlo. Sus primeras "constituciones" de 1776 las escribieron los propios congresos estatales — o sea: el jugador pintando sus propias rayas. Thomas Jefferson fue el primero en gritar la trampa: una ley hecha por un congreso la puede deshacer el congreso siguiente; eso no es una Constitución, es una ley con corbata. La solución apareció en Massachusetts en 1780, y fue un huevo de Colón: que la Constitución no la escriba el congreso sino una asamblea elegida solo para eso, y que después la apruebe la gente directamente. Ahí —y solo ahí— nació una constitución que de verdad estaba por encima de los gobernantes, porque no era obra de ellos. ¿Y Colombia qué escogió? Colombia hizo una mezcla, y vale la pena ver las dos partes. En lo territorial, no copiamos a Estados Unidos: después del desastre de la Patria Boba —cuando cada provincia jugaba a ser país mientras se venía la reconquista española— optamos por una república unitaria, no federal. Un solo Estado, no cincuenta. Pero en la pregunta de fondo —¿quién manda?— no escogimos el modelo inglés. Nuestra Constitución de 1991 lo dice sin rodeos en su artículo 3: "La soberanía reside exclusivamente en el pueblo". Y en el artículo 4 remacha: la Constitución es "norma de normas". Traducción: el Congreso no es el rey. Es un empleado de alto rango con funciones importantes, pero empleado al fin: trabaja dentro de las rayas que pintó el pueblo. Y luego Colombia dio un paso que ni los ingleses ni los americanos dieron. Nuestra Corte Constitucional dijo, desde 2003: el Congreso puede reformar la Constitución, pero no puede cambiarla por otra distinta disfrazando el cambio de reforma. A eso lo llamó "sustitución de la Constitución". ¿Suena abstracto? Un ejemplo lo aterriza: en 2010, la Corte tumbó el referendo que buscaba una segunda reelección presidencial. Venía con firmas, con iniciativa ciudadana, con toda la ropa de la democracia — y aun así la Corte dijo no, porque debajo de esa ropa se estaba desmontando la separación de poderes, es decir, una de las columnas que el pueblo puso en 1991. La lección, en una frase: ni siquiera votando se puede demoler la casa que el pueblo construyó, mientras el dueño de la casa —el pueblo mismo, en asamblea constituyente— no decida otra cosa. La advertencia de Gaona: el peligro cambió de disfraz Hasta aquí uno respira tranquilo: la Constitución está arriba, el Congreso abajo, la Corte vigila. Listo, ¿no? No. Y el que acaba de quitarnos la tranquilidad es el jurista colombiano J. Mauricio Gaona —hijo de Manuel Gaona Cruz, el magistrado asesinado en el Palacio de Justicia— en su libro reciente La Constitución soy yo (2026). Su tesis cabe en un escalofrío: las democracias de hoy casi nunca mueren de un golpe de Estado con tanques. Mueren con la Constitución en la mano. El aspirante a dictador moderno no rompe la Constitución: se la pone. No cierra las cortes: las llena de amigos. No prohíbe las elecciones: las convoca cuantas veces le convenga. Y al final, escribe Gaona, recita el epílogo con toda la solemnidad del mundo: "La Constitución soy yo". El título del libro es un guiño histórico que se entiende solo: Luis XIV, el rey absoluto de Francia, decía "El Estado soy yo" — y al menos era franco. El autócrata de hoy dice lo mismo, pero con la Constitución de escudo, que es infinitamente más peligroso, porque la ley sigue pareciendo ley mientras trabaja contra la libertad. Con esos lentes, la historia que vengo contando muestra su segunda cara. El peligro tiene dos disfraces. El primero es el de Georgia en 1793: la mayoría que desafía la Constitución de frente, a grito pelado, hasta con la horca. Es un enemigo brutal pero honesto: se le ve venir. El segundo es el que Gaona disecciona: el gobernante que ya no pelea contra la Constitución sino que habla en nombre de ella, que no usurpa la ley sino la vocería del pueblo. Contra el primero basta tener la Constitución arriba. Contra el segundo se necesita algo más fino: alguien que distinga entre lo que el pueblo decidió y lo que el gobernante jura que el pueblo quiere. Eso fue exactamente lo que hizo nuestra Corte en 2010. Visto desde el libro de Gaona, aquel fallo no fue un capricho de togados contra la voluntad popular: fue una vacuna. Otras democracias de América Latina no la tuvieron, y el libro cuenta cómo les fue. Por qué esto le importa a usted Porque de esta arquitectura depende todo lo demás — incluida la paz. Cuando una ley colombiana declara que la paz es política de Estado, obligatoria para todas las ramas del poder —lo dicen la Ley 2272 de 2022 y la Ley 418 de 1997—, está aplicando exactamente la lección de esta historia: hay decisiones que quedan por encima del vaivén político, y el gobierno de turno, cualquiera que sea, no puede borrarlas con un plumazo, porque no son suyas. Son del Estado, es decir, del pueblo que lo fundó. Un país donde cada nuevo gobierno puede deshacer los cimientos no está ejerciendo la democracia: está jugando a la ruleta con ella. Georgia perdió su pulso de 1793. No por débil, sino porque confundió su poder con la soberanía: creyó que mandar un rato era mandar sobre todo. Dos siglos después, esa confusión sigue viva, solo que con mejor sastre: ya no grita contra la Constitución — se la pone como toga. El oficio del abogado, y lo digo con el orgullo sencillo de quien ama esta profesión, es sostener la línea contra las dos versiones del mismo espejismo: recordarle a quien legisla que el Congreso no es el rey, y a quien gobierna que la Constitución no es él. La Constitución es norma de normas. Y su único dueño sigue siendo, y seguirá siendo, el pueblo.