El Caribe y el costo de no actuar como región

Integrarnos o quedarnos atrás no es una consigna retórica, es una disyuntiva política concreta para América Latina. En el reciente Foro Económico de América Latina y el Caribe, realizado en Ciudad de Panamá, quedó claro que la región comparte diagnósticos, cifras y advertencias, pero sigue careciendo de un elemento decisivo: coordinación estratégica. Con más de 650 millones de habitantes, abundancia de recursos naturales y una vocación agroalimentaria reconocida a nivel global, América Latina continúa actuando como un conjunto de economías fragmentadas, incapaces de traducir su potencial colectivo en poder productivo, influencia geopolítica y desarrollo territorial sostenible.

Durante dos días intervinieron expresidentes, ministros de Hacienda, líderes empresariales y académicos de toda la región, coincidiendo en un punto central: América Latina no puede seguir compitiendo internamente en un escenario global cada vez más concentrado. Sin embargo, más allá del consenso discursivo, el foro volvió a evidenciar una brecha persistente entre la narrativa de integración y la capacidad real de los Estados para construir agendas comunes, coordinar inversiones estratégicas y alinear sus políticas productivas. La región parece comprender el diagnóstico, pero continúa fallando en el tránsito hacia decisiones políticas vinculantes y mecanismos efectivos de cooperación. Ese mismo fenómeno se replica, casi de manera calcada, en Colombia. En plena coyuntura preelectoral, el debate público se ha reducido a la lógica de la competencia individual, del cálculo electoral de corto plazo y del protagonismo personal. Pocas propuestas estructurales, escasa visión de país y casi ninguna conversación seria sobre el desarrollo de las regiones como motores económicos articulados. El Caribe colombiano es quizás el ejemplo más evidente de esta desconexión. Hoy, la región tiene más de 50 aspirantes al Senado provenientes de distintas vertientes políticas, movimientos y coaliciones. No obstante, resulta difícil identificar una agenda común que piense al Caribe como región, que articule a sus departamentos o que proponga una visión compartida de desarrollo productivo. Esta fragmentación no solo debilita la representación política, sino que termina pasando una factura alta a los ciudadanos, a los emprendedores y al tejido empresarial regional. En materia agroindustrial, la ausencia de una narrativa común es aún más preocupante. El Caribe concentra algunas de las mayores ventajas comparativas del país: suelos disponibles, diversidad climática, cercanía a puertos, potencial exportador y una tradición productiva que va desde la ganadería y los cultivos tropicales hasta la pesca y la agroindustria. Aun así, el agro rara vez aparece como eje central en las propuestas políticas regionales. Los datos son contundentes. Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, cerca del 62 % de la población rural colombiana depende directamente de actividades agropecuarias, y en departamentos del Caribe esa proporción es incluso mayor. No obstante, el valor agregado por trabajador rural en Colombia ronda los USD 6.000 anuales, una cifra muy inferior al promedio de países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, donde supera los USD 40.000. La brecha no es solo productiva; es institucional, tecnológica y política. El problema no es la falta de diagnósticos. Desde la Misión para la Transformación del Campo hasta los informes recientes de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, el mensaje ha sido reiterado: sin inversión sostenida en bienes públicos rurales, sin innovación tecnológica y sin articulación territorial, el agro seguirá atrapado en un modelo de baja productividad y alta informalidad. Lo que sigue ausente es una propuesta política que entienda al Caribe como un sistema agroindustrial integrado. No se trata de promover un cultivo aislado o un proyecto puntual, sino de pensar en clústeres regionales, encadenamientos productivos, infraestructura logística compartida y reglas claras que faciliten la inversión privada con enfoque territorial. En otras palabras, pasar del discurso a la arquitectura institucional. El Caribe colombiano tiene condiciones para convertirse en uno de los grandes motores agroindustriales de América Latina. Pero eso exige decisiones incómodas: modernizar marcos normativos obsoletos, eliminar barreras regulatorias que castigan al productor formal, actualizar leyes pensadas para un campo del siglo pasado y, sobre todo, coordinar agendas entre departamentos que hoy compiten entre sí por recursos escasos. La experiencia internacional es clara. Las regiones que logran transformar su sector rural no lo hacen a partir de subsidios dispersos ni de programas asistencialistas, sino mediante alianzas público-privadas, inversión en ciencia aplicada, financiamiento adecuado y una gobernanza regional sólida. América Latina lo sabe. Colombia lo ha diagnosticado. El Caribe lo necesita con urgencia. Esta columna no es un llamado contra la política, sino a favor de una mejor política. Una política que entienda que el desarrollo rural no se construye desde la fragmentación ni desde la improvisación electoral, sino desde la integración, la visión de largo plazo y la capacidad de pensar el territorio como un activo estratégico. Mientras sigamos compitiendo entre nosotros, seguiremos desperdiciando el potencial que el mundo hoy está demandando. El reto está sobre la mesa. La pregunta es si estaremos dispuestos, esta vez, a actuar como región y como país.