El Caribe que Colombia no ve: logística, producción y la agenda que aún falta

La semana pasada, una delegación de empresarios, representantes gremiales, de la banca de desarrollo y productores visitó Puerto Antioquia, en el Urabá antioqueño, para conocer de cerca una de las apuestas logísticas más ambiciosas del país. La imagen es reveladora no por lo que muestra, sino por lo que implica: actores clave del sector productivo colombiano están recalibrando su lectura estratégica del Caribe, con la urgencia de quien reconoce que el tiempo de la planeación ya pasó y el tiempo de la ejecución ha comenzado.

Colombia tiene 1.600 kilómetros de costa sobre el mar Caribe. Desde esa franja, Estados Unidos, Centroamérica y el Caribe insular están a menos de cinco días de navegación, y los grandes puertos europeos (Róterdam, Hamburgo, Amberes) a menos de dos semanas, con una ventaja logística notable frente a los competidores asiáticos que dominan hoy el mercado global de productos tropicales. Sin embargo, el país construyó históricamente su infraestructura logística agropecuaria mirando hacia el Pacífico, concentrando en Buenaventura el grueso del tráfico de contenedores. El resultado es una asimetría costosa: según la Encuesta Nacional Logística 2024 del DNP, el costo logístico promedio en Colombia representa el 15,6% del valor de la carga, y los productores del norte del país asumen un diferencial innecesario de cientos de kilómetros de flete terrestre para llevar sus productos al océano equivocado, cuando tienen puertos del Caribe a menos de dos horas de distancia. Puerto Antioquia cambia esa ecuación, pero solo parcialmente. La logística no opera en el vacío: un puerto sin producción es una terminal vacía, y una región con vocación agrícola sin infraestructura de salida es un potencial encadenado. El Caribe colombiano necesita resolver ambos problemas de manera simultánea, y allí radica el verdadero reto de arquitectura de política pública pone sobre la mesa. La brecha entre potencial y realidad productiva en el Caribe es estructural y cuantificable. Según datos del Dane y el Igac, la región concentra el 23% de la superficie agrícola potencial del país, pero aporta apenas el 7% del PIB agropecuario nacional. Departamentos como Córdoba, Sucre, Cesar y La Guajira tienen condiciones agroecológicas para cultivos tropicales de alta demanda internacional: coco, cacao, maracuyá, plátano y palma de aceite. La razón de esta subutilización no es solo logística: es la ausencia de modelos agroindustriales con valor agregado que justifiquen la inversión en infraestructura de salida. Es en ese punto donde iniciativas como el Ecosistema de Coco en el Caribe adquieren relevancia estratégica, más allá de su dimensión productiva inmediata. El modelo propone articular a pequeños y medianos productores alrededor de un centro industrial que garantiza tecnología, asistencia técnica y mercado asegurado, bajo un esquema que genera un empleo directo por cada cinco hectáreas cultivadas, frente a la ganadería extensiva, que no supera un trabajador por cada cien. Con una TIR estimada del 21,3% financiando el proyecto con capital propio, sin depender de apalancamiento ni instrumentos de fomento, y una huella de carbono 27 veces menor que la carne vacuna por kilogramo producido, el coco no es únicamente un cultivo rentable: es un argumento simultáneo de política agroindustrial, ambiental y financiera. La pregunta que debe hacerse el gobierno nacional no es si el Caribe tiene potencial, porque los datos responden esa pregunta con claridad. La pregunta correcta es qué combinación de instrumentos se requiere para activar ese potencial de manera coordinada. Filipinas construyó su respuesta con el Coconut Industry Roadmap 2021-2040: un documento de Estado que articuló política agrícola, industrial, comercial y logística en una sola dirección, y cuyos resultados son verificables. Las exportaciones de aceite de coco filipino alcanzaron un récord de USD 2.200 millones en 2024, según la Philippine Coconut Authority, y el gobierno tiene en ejecución un plan de siembra de 100 millones de árboles para 2028. Brasil hizo algo similar en el nordeste: Ceará, Bahía y Pernambuco consolidaron un modelo productivo que llevó la producción nacional a casi 2,9 millones de toneladas en 2023, con exportaciones que crecieron más del 95% en el primer semestre de 2024, de acuerdo con el IBGE. El paralelo con el Caribe colombiano, en términos de clima, geografía y condición histórica de región marginalizada, no es casual. Colombia tiene las condiciones. Tiene la costa, los suelos, los modelos productivos emergentes y, como demuestra la visita de la semana pasada, un sector privado dispuesto a apostar. Lo que falta no es un diagnóstico adicional ni una declaración de intenciones: es la construcción deliberada de una agenda que integre logística, agroindustria y financiamiento de largo plazo como componentes de un mismo sistema. Una agenda en la que el puerto tenga la producción que lo llene, y la producción tenga el puerto que la proyecte al mundo. El Caribe colombiano no necesita más reuniones para reconocer su potencial. Necesita la ingeniería institucional que lo convierta en realidad.