El campo también vota: y está esperando propuestas serias

Colombia acumula más de una década de diagnósticos que señalan las mismas brechas rurales: vías terciarias deterioradas, baja tecnificación, escaso acceso a crédito y una débil articulación entre la ciencia agrícola y el productor. Nada de esto es nuevo. Lo que falta es ejecución. En un contexto donde el agro es motor de empleo y crecimiento, el campo también vota, y está cansado de esperar propuestas serias.

Las cifras recientes dejan claro que el sector agropecuario no es un actor marginal sino un pilar estratégico de la economía nacional. Según el Dane, mientras el PIB del país creció 2,4 % en el primer semestre de 2025, la agricultura y actividades conexas lo hicieron al 5 %, consolidando al agro como el segundo mayor generador de empleo. Estos números evidencian su aporte estructural, pero también la incapacidad del país para traducir este dinamismo económico en bienestar territorial. Los problemas que frenan ese bienestar son reiterativos. El Dane, la FAO, la Ocde y el Banco Mundial coinciden en los mismos puntos críticos: infraestructura rural insuficiente, baja adopción tecnológica, centros de investigación desconectados del productor, una extensión agropecuaria que no ha logrado territorializarse, un acceso al crédito limitado y costoso, y un ordenamiento productivo que aún no define con claridad las zonas más adecuadas para cada cultivo. No hay sorpresas: lo que falta no es diagnóstico, sino decisión. Entre esos retos, el rezago tecnológico sobresale como una de las principales barreras. La Ocde ha advertido que la desconexión entre investigación agrícola y producción real impide que Colombia alcance niveles de productividad similares a los de países tropicales comparables. Mientras regiones como el Nordeste de Brasil o el Sudeste Asiático han construido modelos basados en ciencia aplicada al trópico, en Colombia la transferencia de tecnología todavía avanza de manera fragmentada, sin escalar a los territorios donde más se necesita. A ello se suma la vulnerabilidad climática. El Ideam ha documentado pérdidas multimillonarias causadas por sequías, inundaciones y salinización de suelos, fenómenos que impactan especialmente a pequeños productores sin acceso a seguros o infraestructura de riego. El Caribe colombiano es uno de los territorios más expuestos, pero aún no cuenta con una política robusta de gestión hídrica que priorice distritos de riego modernizados y sistemas comunitarios fortalecidos. El financiamiento es otro obstáculo crítico. Los reportes de Finagro muestran que el crédito sigue concentrado en medianos y grandes productores, mientras que pequeños agricultores enfrentan mayores barreras de acceso, tasas más altas y menos garantías. Con estas condiciones, la tecnificación, la ampliación de áreas productivas y el surgimiento de emprendimientos agroindustriales se vuelven tareas cuesta arriba. En paralelo, Colombia vive un desafío generacional profundo. La FAO estima que el promedio de edad del productor supera los 55 años, lo que significa que el país podría perder una parte importante de su conocimiento agrícola en menos de dos décadas. Sin herramientas tecnológicas, educación pertinente y oportunidades económicas reales, los jóvenes continúan migrando a las ciudades, dejando zonas rurales envejecidas y con menor capacidad de innovación. El Iica ha insistido en la necesidad de incorporar un enfoque Stem en la formación rural para construir una nueva generación de productores capaces de manejar sistemas de agricultura digital, sensores, drones y plataformas de trazabilidad. Frente a este panorama, la pregunta es inevitable: ¿qué deberían estar proponiendo los candidatos locales, regionales y nacionales para responder a estos retos? La respuesta no pasa por nuevas promesas, sino por ejecutar con disciplina técnica lo que ya sabemos que funciona. El país necesita una agenda basada en cinco pilares fundamentales. Primero, infraestructura rural ejecutada, especialmente vías terciarias priorizadas e intervenidas con criterios productivos y no políticos. Segundo, financiamiento accesible y competitivo, con garantías diferenciadas y mecanismos que premien a quienes inviertan en tecnología e innovación. Tercero, una revolución tecnológica aplicada al trópico, conectando centros de investigación con productores y acelerando la creación de laboratorios regionales y sistemas agroforestales modernos. Cuarto, una gobernanza del agua que mire a 2050, con distritos de riego eficientes y planes comunitarios de manejo hídrico. Y quinto, una política de relevo generacional, que integre educación técnica, emprendimiento rural y ecosistemas productivos sostenibles. El campo colombiano no necesita diagnósticos adicionales. Los tiene todos. Lo que necesita son gobernantes capaces de pasar de la enunciación a la ejecución. Candidatos que comprendan que sin una agricultura competitiva, sostenible y tecnificada, el país no podrá cerrar las brechas sociales ni construir seguridad alimentaria. Candidatos que asuman que el desarrollo rural no se improvisa cada cuatro años: se planifica, se financia y se ejecuta con visión de Estado. El campo también vota. Produce, exporta, sostiene y alimenta al país. Ha cumplido su parte. Ahora le corresponde a quienes aspiran gobernarlo demostrar que están a la altura. El campo está esperando propuestas serias, y esta vez no va a conformarse con menos.