El agua también es infraestructura

Cuando en Colombia hablamos de infraestructura, casi siempre pensamos en carreteras, puertos, aeropuertos o ferrocarriles. Rara vez el agua hace parte de esa conversación. Sin embargo, para la agricultura no existe una infraestructura más estratégica que aquella capaz de almacenar, conducir y distribuir el recurso hídrico de manera eficiente. En un contexto de cambio climático, la seguridad hídrica dejará de ser un asunto exclusivamente ambiental para convertirse en uno de los principales determinantes de la productividad agrícola, la competitividad agroindustrial y la seguridad alimentaria del país.

Paradójicamente, Colombia posee una de las mayores disponibilidades de agua dulce del planeta. Se estima que concentra cerca del 6 % de la oferta hídrica mundial, una ventaja natural que pocos países tienen. Sin embargo, esa riqueza no se ha traducido en capacidad productiva. Una parte importante de la agricultura continúa dependiendo exclusivamente del comportamiento de las lluvias y apenas una fracción del área cultivada dispone de sistemas de riego tecnificado. La paradoja es evidente: un país abundante en agua mantiene una agricultura vulnerable a cada período de sequía o de exceso de precipitaciones. Esta realidad adquiere una nueva dimensión frente al cambio climático. Las proyecciones del IDEAM indican que Colombia enfrentará un incremento gradual de la temperatura media, acompañado por una mayor variabilidad en las precipitaciones y una mayor frecuencia de eventos extremos. En unas regiones lloverá menos; en otras, las lluvias serán más intensas y concentradas. La agricultura tendrá que producir bajo condiciones cada vez menos predecibles. Adaptarse ya no será una opción tecnológica; será una condición para mantener la productividad, proteger la oferta de alimentos y preservar la competitividad del sector. La adaptación, sin embargo, suele reducirse al debate sobre la atención de emergencias. Esa visión resulta insuficiente. Adaptar la agricultura implica rediseñar los sistemas productivos: incorporar materiales genéticos más resilientes, mejorar el manejo de los suelos, fortalecer los sistemas de información agroclimática, ampliar el aseguramiento agropecuario y, sobre todo, garantizar una disponibilidad estable de agua mediante infraestructura de riego, drenaje y almacenamiento. La seguridad hídrica no consiste únicamente en construir canales; significa desarrollar la capacidad institucional y técnica para administrar el recurso de manera eficiente en función de la producción. Colombia no parte de cero. El país cuenta con la Política de Adecuación de Tierras 2018-2038, adoptada mediante el Conpes 3926, y la Agencia de Desarrollo Rural reconoce la adecuación de tierras como un servicio público orientado a mejorar la productividad mediante obras de riego, drenaje y protección contra inundaciones. El problema no radica en la ausencia de instrumentos de política, sino en la dificultad para convertirlos en transformaciones visibles sobre el territorio. Persisten distritos con problemas de operación, infraestructura deteriorada, inversiones fragmentadas y una limitada articulación entre la política hídrica, la política agrícola y el ordenamiento territorial. La experiencia internacional demuestra que el agua constituye uno de los principales activos de competitividad para la agricultura. Israel convirtió la escasez en una oportunidad mediante tecnologías de riego de precisión y reúso de aguas. Brasil impulsó la transformación agrícola del Cerrado apoyándose en infraestructura hídrica, investigación y adaptación tecnológica. Perú desarrolló sistemas de irrigación que transformaron regiones desérticas en plataformas exportadoras de frutas y hortalizas. Ninguno de estos países entendió el riego como una obra aislada; lo incorporaron como parte de una estrategia nacional de desarrollo productivo. Colombia enfrenta un desafío similar. El país no consolidará una agroindustria moderna únicamente promoviendo nuevas siembras o financiando plantas de transformación. Una planta procesadora de frutas, aceites, cacao o lácteos necesita un abastecimiento constante de materia prima, con calidad homogénea y volúmenes predecibles. Cuando la producción depende exclusivamente de las lluvias, toda la cadena pierde eficiencia: aumentan los costos, disminuye la utilización de la capacidad instalada y se reduce la posibilidad de cumplir contratos de exportación. El agua, en consecuencia, no solo incrementa la productividad en la finca; reduce el riesgo económico de toda la cadena agroindustrial. Por ello, la discusión no debería limitarse a construir más distritos de riego. Colombia necesita una verdadera política nacional de seguridad hídrica para la producción, orientada a planificar el agua según la vocación productiva de cada territorio y las necesidades de las cadenas agroindustriales. Esa política debería integrar un mapa nacional de riesgo climático y disponibilidad hídrica; priorizar inversiones en corredores agroindustriales; combinar grandes distritos con soluciones comunitarias y prediales; fortalecer la gobernanza del recurso; y movilizar recursos públicos, privados y multilaterales para garantizar su sostenibilidad financiera. La infraestructura del siglo XXI ya no puede medirse únicamente en kilómetros de carreteras construidas. En un país cuya competitividad agrícola dependerá cada vez más de su capacidad de adaptarse al cambio climático, también será necesario medir los metros cúbicos de agua almacenados, las hectáreas tecnificadas bajo riego, las cuencas restauradas y los sistemas productivos que logren mantener su productividad frente a eventos climáticos extremos. Esa será la nueva infraestructura del desarrollo rural. Colombia tiene el privilegio de contar con un patrimonio hídrico excepcional. La verdadera tarea consiste en transformarlo en una ventaja competitiva. Porque el agua que no se almacena, no se gestiona y no llega oportunamente al productor sigue siendo un recurso natural; todavía no es infraestructura. Y mientras no entendamos esa diferencia, seguiremos construyendo carreteras hacia un campo que aún depende de la incertidumbre del clima, en lugar de desarrollar la infraestructura productiva que permitirá convertir el potencial agrícola del país en prosperidad rural y crecimiento económico.