El agro del Caribe: mucha tierra, poca agenda

En pleno ciclo electoral, Colombia discute con intensidad sobre salud, educación, seguridad y empleo. Sin embargo, el desarrollo rural (que concentra algunas de las brechas más profundas del país y es clave para la productividad, la seguridad alimentaria y la estabilidad territorial) sigue ausente del debate político estructural. El problema no es la falta de diagnósticos: el país lleva más de una década documentando el rezago del campo. El verdadero vacío está en la agenda legislativa y en la incapacidad de traducir ese conocimiento en propuestas de fondo que transformen la ruralidad más allá del asistencialismo.

En las últimas semanas he revisado con atención las propuestas de quienes aspiran al Congreso de la República. Hay entusiasmo, hay renovación generacional, hay promesas en salud, educación, turismo, emprendimiento. Pero cuando se busca una visión estructural sobre desarrollo rural, productividad agropecuaria, agroindustrialización o ciencia aplicada al campo, el silencio es ensordecedor. Se repiten fórmulas conocidas: subsidios, alivios temporales, programas fragmentados. Paños de agua tibia para una herida profunda. La política sigue confundiendo asistencia con desarrollo. Llegar al Congreso no es un logro personal: es un mandato. Un encargo ciudadano para transformar realidades concretas. Y en el Caribe rural (una región con tierra, agua, biodiversidad y ubicación estratégica) ese mandato se ha diluido entre la falta de visión productiva y la ausencia de vocerías técnicas con convicción territorial. No se trata de “ayudar al campesino”; se trata de construir vehículos para que produzca, agregue valor, genere ingresos y permanezca en su territorio con dignidad. Las cifras son claras. Según el DANE, la pobreza multidimensional rural duplica a la urbana y la productividad agrícola sigue rezagada frente a países comparables. El diagnóstico no es nuevo. La Misión para la Transformación del Campo ya advertía, hace una década, que el crecimiento agropecuario colombiano era volátil, inferior al promedio regional y desconectado de la innovación. El problema no es la falta de estudios; es la falta de traducción política. Colombia invierte menos del 0,6 % del PIB en investigación y desarrollo, y solo una fracción llega al agro. La OCDE y la FAO han insistido en que sin ciencia aplicada, asistencia técnica moderna e infraestructura productiva, no hay competitividad posible. Aun así, en campaña casi nadie habla de genética, riego, suelos, logística, transformación agroindustrial o encadenamientos productivos. Pareciera que el agro no da votos, pero sí costos. El Caribe, en particular, paga el precio de esa miopía. Tiene vocación para frutas tropicales, cacao, coco, ganadería sostenible, acuicultura, bioeconomía. Tiene puertos, cercanía a mercados internacionales y una juventud rural que podría liderar el relevo generacional si existieran oportunidades reales. Pero sin vías terciarias, sin distritos de riego funcionales, sin crédito adecuado y sin centros de innovación conectados con el productor, ese potencial sigue siendo promesa. Aquí hay un punto político ineludible: el desarrollo rural no se decreta desde Bogotá. Requiere normas y presupuestos que entiendan la diversidad territorial y apuesten por bienes públicos rurales. La CEPAL ha demostrado que el crecimiento basado en agricultura es hasta 2,7 veces más efectivo en la reducción de pobreza que otros sectores. El BID y la CAF han documentado cómo las alianzas público-privadas pueden acelerar innovación, financiamiento y acceso a mercados cuando hay reglas claras y liderazgo público. Sin embargo, en el debate electoral predominan los lugares comunes. Falta una narrativa que asuma al campesino como empresario, al territorio como plataforma productiva y a la ciencia como semilla que debe germinar en la finca, no quedarse en el laboratorio. Falta hablar de modelos asociativos modernos, de compras públicas locales, de incentivos a la agroindustria rural, de formación técnica con enfoque productivo. Falta, en suma, una agenda rural que no sea de coyuntura sino de país. No es una discusión ideológica; es una discusión de eficacia. El Caribe y Colombia necesitan representantes que comprendan que el agro no es el pasado, sino una de las pocas palancas reales de crecimiento sostenible, empleo digno y seguridad alimentaria en un mundo incierto. Necesitan legisladores capaces de traducir diagnósticos en leyes, presupuestos en proyectos y discursos en resultados. La pregunta de fondo es incómoda pero necesaria: ¿quién está dispuesto a hacer del desarrollo rural una causa política central y no un capítulo secundario de campaña? Mientras esa respuesta no aparezca, el productor seguirá regando a pulso, esperando que la política, algún día, llegue a la finca. Y el país seguirá desperdiciando una de sus mayores ventajas comparativas: un campo que, bien trabajado, podría ser motor de bienestar, cohesión territorial y futuro compartido.