Discrecionalidad administrativa. ¿Absoluta libertad?
La constante remoción de funcionarios públicos, justificada en la discrecionalidad, genera inestabilidad y afecta la eficiencia gubernamental. ¿Es absoluta la discrecionalidad administrativa? Analizamos el impacto.
Por Glenda K. Fuentes Desde el derecho de opinar que me otorga ser ciudadana y la responsabilidad como madre, tengo que decir que me siento preocupada al ver cómo todos los días nuestros gobernantes y directivos de instituciones públicas remueven y vinculan a distintas personas en cargos de libre nombramiento y remoción. Justificándose en la discrecionalidad, generan una inestabilidad constante, lo que impide la continuidad e implementación adecuada de las políticas y estrategias necesarias para satisfacer las necesidades sociales. ¿Hasta qué punto la discrecionalidad administrativa es absoluta? ¿Cuál es la razón para estos cambios constantes en los ministerios? Por ejemplo, este gobierno, en menos de 2 años, ha realizado más de 14 cambios. ¿Debemos callar ante esta situación y aceptar que, justificándose en la discrecionalidad, actúan con absoluta libertad? La discrecionalidad administrativa se entiende como la potestad que permite a las instituciones y autoridades públicas tomar decisiones con relativa libertad, ya sea porque la norma no establece una pauta específica o porque permite elegir entre varias opciones conforme al derecho. Esta libertad permite a los funcionarios aplicar criterios personales en el uso de sus facultades legales. Sin embargo, esta potestad discrecional no es sinónimo de libertad absoluta ni de arbitrariedad. Está supeditada a principios y límites claros: debe ejercerse dentro del marco de las competencias y atribuciones legales asignadas, respetando el ordenamiento jurídico vigente y atendiendo al interés general. La discrecionalidad debe siempre responder a la satisfacción de los derechos fundamentales y la prestación adecuada de los servicios públicos, y nunca a intereses particulares. La constante remoción de funcionarios sin justificación clara sobre la idoneidad y competencias de los mismos genera una gran incertidumbre. Sin estabilidad en los cargos públicos, no hay tiempo suficiente para que las políticas y estrategias se implementen efectivamente, y esto no solo afecta directamente la eficiencia gubernamental y la confianza de los ciudadanos en sus instituciones. Si no también la economía, la inversión extranjera y la calificación crediticia del país. La falta de continuidad y coherencia en la administración pública genera inseguridad en los mercados y desalienta la inversión, perjudicando el desarrollo económico y social. Es crucial que la discrecionalidad administrativa sea utilizada de manera responsable y transparente. Deben establecerse garantías que aseguren que las personas nombradas en cargos públicos tengan una experiencia comprobada, y que las decisiones de remoción y nombramiento se realicen en función de criterios objetivos y en beneficio del interés general, no de caprichos, del ánimo del gobernante o intereses particulares. Por tanto, esta no debe ser utilizada como una herramienta de poder absoluto, sino como un mecanismo para mejorar la eficiencia y efectividad de la administración. Exigir la justificación de estas decisiones es un derecho y un deber que tenemos como constituyentes primarios que nos permite garantizar la idoneidad en la gestión de nuestros gobernantes. La administración pública no es un juego de sillas. "Discrecionalidad Administrativa que garantice idoneidad y competencia, no capricho y favoritismo".