Deuda y tributaria, ¿valdrá la pena?

El gobierno busca ampliar el cupo de endeudamiento en US$17.000 millones para financiar el presupuesto, ante la desaceleración económica y la demora de la reforma tributaria.

Por Rafael Yesid Salas P. En días recientes, el gobierno ha movido sus fichas en el ajedrez económico del país, todo bajo la supervisión del ministro Bonilla. El Ejecutivo es consciente de que la reforma pensional y a la salud han congestionado la actividad legislativa, por lo que la presentación del proyecto de reforma tributaria no tuvo de otra que postergarse. Sin embargo, con el ñau pelú de la desaceleración respirándole en la nuca, la Casa de Nariño debe puyar el burro con la financiación del presupuesto, sea con reforma o sin ella. Frente a esto, Bonilla ha planteado una ruta más expedita de solventar la inversión pública tan reclamada por diferentes sectores: ampliar el cupo de endeudamiento. La última ampliación de dicho cupo fue autorizada por el Congreso mediante la Ley 2073 de 2020 por un valor de $14.000 millones de dólares. La propuesta hecha por el Ministro en la Comisión Tercera de la Cámara es solicitar una nueva autorización por US$17.000 millones. Esto implicaría un flujo de caja adicional de unos $60 billones, equivalente a lo que se esperaba recaudar en el trienio 2024-2026 con la vigente reforma. No obstante, también se traduce en un aumento de la deuda bruta del gobierno que crecería hasta superar los $900 billones. En caso de darse la autorización, el gobierno tendría una responsabilidad monumental en sus manos, de la cual dependerá la sostenibilidad fiscal del Estado. La disyuntiva está en si el Presidente invertirá eficientemente los recursos para reactivar el crecimiento o si se dejará tentar por la repartición de mermelada con miras a las elecciones del 2026. Quizás se pregunten ¿por qué merece especial atención este último aspecto? A lo que responderé diciéndoles que mientras las transferencias presupuestadas del SGP en 2024 suman $75 billones, el servicio a la deuda asciende a $94,5 billones, casi el 20% del presupuesto. Si tenemos en cuenta que el SGP es la principal fuente de ingresos de la mayoría de municipios de cuarta, quinta y sexta categoría, el costo de la deuda empieza a doler. Ahora bien, si además les cuento que, de los 26 municipios de Sucre, 24 son de sexta categoría, nos debería doler aún más porque son recursos que se dejan de invertir en nuestro territorio. En conclusión, si el gobierno se endeuda para impulsar el aparato productivo y no para crear más burocracia o seguir subsidiando la pobreza, habrá valido la pena endeudarse. Ojalá los recursos sean ejecutados oportunamente, con amplia participación de los municipios y, en lo posible, sin sesgos ideológicos.