Democracia en venta

Una vez más, el tema de la compra y venta de votos hizo su flamante aparición en la jornada electoral del pasado 8 de marzo. En diferentes departamentos del país se reportaron casos de la presunta comisión de este delito, ampliamente difundidos por los medios de comunicación y las redes sociales.

La compra y venta de votos es, sin duda, una práctica abominable que ha hecho carrera en Colombia desde hace demasiado tiempo. Y, tal como se ven las cosas, todo indica que continuará reinventándose mediante nuevos métodos y herramientas. Sin embargo —y aquí viene quizá un punto de vista impopular para algunos lectores— nos hemos acostumbrado a satanizar a los políticos, como si fueran los únicos responsables de este “trueque” electoral. Y no, no es así. También quien pide dinero en efectivo, o que le paguen el recibo de la luz a cambio de su sufragio, es parte de esta vergonzosa situación. No se crean que los candidatos o sus emisarios van por la calle ofreciendo dinero a diestra y siniestra. Este entramado es mucho más complejo e involucra a distintos actores que hacen posible que el delito se materialice. Lo que ocurre, como suele decirse, es que “siempre cae el más pendejo”. Hay varias aristas que deberíamos analizar. La primera: hemos visto personas que, sin el menor rubor, afirman vender su voto a determinado precio, como si se tratara de abrir un mercado al mejor postor. La segunda: la comercialización del sufragio no solo se da mediante dinero en efectivo; también ocurre a través de promesas de prebendas posteriores: un puesto, un contrato, algún favor. A eso, con elegancia, lo llaman alianzas. Lo que también deberíamos tener claro es que existen poblaciones enteras que, como si fueran lotes de ganado, son entregadas al mejor postor en cada elección. Son comunidades vulnerables que a ciertos líderes políticos les conviene mantener en esa condición para garantizar obediencia electoral. A cambio reciben “ayudas”. ¿Qué hacer entonces? Quizás el camino de fondo sea fortalecer la clase media —sí, la clase media— y permitir que quienes hoy hacen parte de los sectores más vulnerables puedan ascender a ella. Solo así el voto por propuestas podría imponerse sobre el voto amarrado. No es fácil, pero tampoco imposible. Una clase media con trabajo, educación y estabilidad sería menos permeable a la corrupción. Al no depender de subsidios ni de las “ayudas” del Estado, podría tomar decisiones más beneficiosas para la sociedad, no solo para calmar el hambre de un día. Los ejemplos abundan en el mundo: allí donde la clase media trabaja, estudia y paga impuestos, suele convertirse en una barrera contra la corrupción. Y cuando vota, no lo hace porque vendió su voto, sino porque cree en las propuestas de un candidato. Esos países son los que llamamos del primer mundo.