Demandas legítimas

En un contexto donde la inseguridad se ha convertido en una de las principales preocupaciones de la ciudadanía, resulta alarmante observar cómo el Gobierno Nacional ha desatendido las solicitudes de seguridad planteadas por la oposición, la más reciente de ellas, la del inmolado senador Miguel Uribe. En lugar de atender las demandas legítimas de protección para quienes buscan desarrollar agendas en pro del bienestar colectivo, parece que el Estado ha decidido priorizar la seguridad de los voceros de grupos criminales. Esta situación plantea un interrogante inquietante: ¿de quién es realmente el Estado?

La oposición, conformada por partidos y movimientos que buscan enriquecer el debate democrático, ha hecho hincapié en la necesidad de un marco seguro que les permita operar sin temor a represalias. Sin embargo, la respuesta del Gobierno ha sido escasa. Las iniciativas propuestas por estos grupos han permanecido en un limbo de desatención, mientras que, paralelamente, se observan despliegues significativos de recursos orientados a proteger a quienes violan la ley y atentan contra la integridad de la sociedad. La seguridad debe ser un bien común, y es responsabilidad del Estado.