Del marco legal a la mesa de los hogares: dos años de la Ley 2380 contra el hambre

Colombia enfrenta una de sus contradicciones más profundas y dolorosas: mientras cerca del 34 % de los alimentos producidos se pierden o se desperdician, más de 19 millones de personas viven en inseguridad alimentaria. Pero las cifras son aún más alarmantes, 2 millones de personas padecían en el año 2025 de hambre crónica; 16 millones de personas debían buscar estrategias para afrontar el hambre, como elegir quién puede comer en casa o cuál de las comidas deben saltarse o acceder a alimentos que incluso podrían no cumplir con las medidas sanitarias básicas; además, en 2025 se registraron 20.120 casos de niños que padecían desnutrición, de los cuales 160 niños murieron por esa causa.

Esta realidad no obedece a una incapacidad productiva del país, por el contrario, y como ya lo dije, cerca de 10 millones de toneladas de comida se pierden al año y eso es lo que se requiere para alimentar un país como Uruguay o Panamá.  No, acá el punto no es si producimos más, en nuestro país, el problema central está en llevar esa comida (apta para el consumo) a las personas que no tienen capacidad económica para acceder a ella. Desde el 2023, impulsé mi más grande proyecto legislativo, con el gran orgullo de ver cómo se convirtió en la Ley 2380 de 2024, con la convicción de que debíamos transformar esa injusticia en una política pública integral. No obstante, como congresista, sé que ninguna ley actúa sola, el verdadero reto está en su implementación. La ley va a mostrar sus primeros resultados, ya que sus beneficios aplicaron desde el 2025, y su impacto empieza a verse y debemos preguntarnos con honestidad: ¿La Ley 2380 está llegando a los territorios donde el hambre y la inseguridad alimentaria son más agudos? ¿Los recursos se están ejecutando con oportunidad y enfoque? ¿Las entidades responsables están articuladas y respondiendo a las necesidades reales de los colombianos. La ley plantea un enfoque ambicioso y necesario: reducción de pérdidas y desperdicio de alimentos, aumento de la disponibilidad de alimentos para población vulnerable, manteniendo la inocuidad y dignificando su vida al poder acceder también a elementos de aseo. Durante estos años he trabajado de la mano con los bancos de alimentos y hoy con gran felicidad puedo decir que hemos logrado el resultado que esperábamos, se aumentó el acceso a alimentos a cerca de 200 mil personas. Combatir el hambre no puede reducirse a programas asistenciales de corto plazo. Exige orden institucional, disciplina fiscal y decisiones basadas en evidencia. También requiere una visión que entienda la seguridad alimentaria como un asunto de desarrollo económico, salud pública y cohesión social. Desde el rol que desempeñé, seguiré promoviendo acciones concretas para que esta norma no se diluya en la administración pública. A un año de su puesta en marcha, el desafío sigue siendo el de garantizar que en la mesa de los hogares cordobeses y colombianos haya comida, porque una política contra el hambre solo cumple su propósito cuando se traduce en dignidad, oportunidades y bienestar para millones de personas.