Defensora del derecho a la salud

Entre 2022 y 2024, los jueces colombianos protegieron el derecho a la salud en más del 65 % de las tutelas, según el magistrado Ibáñez. La Corte Constitucional obligó al Ministerio de Salud a replantear cálculos y pagar deudas.

Por Ismael Guerra de la Ossa En recientes declaraciones de prensa el magistrado Jorge Enrique Ibáñez, nuevo presidente de la Corte Constitucional, dijo: “En 2022, de las 633.463 tutelas presentadas, el 24,79 % (156.274) buscaban la protección del derecho a la salud, y de éstas, los jueces de primera instancia protegieron dicho derecho en el 63,40 % (99.080) de los casos. En 2023, de las 742.876 tutelas, el 26,72 % (197.609) se relacionaron con el derecho a la salud y los jueces de primera instancia protegieron este derecho en el 65,47 % (129.378) de los casos, Finalmente, en 2024, de 859.298 tutelas presentadas, el 28,90 % (247.129) correspondió al derecho a la salud y los jueces de primera instancia lo protegieron en el 66,21 % (163.626)”. Resumiendo, entre 2022 y 2024 los jueces de primera instancia dictaron sentencias protegiendo el derecho a la salud de los colombianos en 601.012 casos siendo entonces el promedio general de resolución a favor de los tutelantes del 65,02 %. Es decir, en más del 65 % las tutelas encaminadas a que se ampararan derechos a la salud prosperaron en los estrados judiciales, un balance altamente positivo que induce, además, a confiar en la rama judicial la protección de este derecho que desde la Sentencia T-760 de 2008, es considerado un derecho autónomo, irrenunciable y de carácter fundamental, ratificado en la Ley 1751 de 2015 o Ley Estatutaria de la Salud. A este caso sobre la importancia de la rama judicial en lo concerniente al respeto al derecho a la salud, se suma, indudablemente, las recientes decisiones de la Corte Constitucional mediante las cuales se ordenó al Ministerio de Salud que se replantee el cálculo de la UPC (Unidad de Pago por Capitación), y que se paguen 819 mil millones de pesos adeudados por los presupuestos máximos de 2022. Los $1.3 billones que Minsalud debe pagar por los presupuestos máximos de 2024 y 1.6 billones que debe pagar por el mismo concepto pero correspondiente al 2025, a lo cual se rehusaba el citado ministerio cuyo titular Guillermo Alfonso Jaramillo tuvo que aceptar a regañadientes ante la orden perentoria de la Corte Constitucional y concretamente de la Sala Especial de Seguimiento a cargo del magistrado José Fernando Reyes. Se erige entonces así la rama judicial como clara defensora del derecho a la salud.