Decreto 0858 de 2025: retos y riesgos para la salud de los colombianos

El Decreto 0858 de 2025 introduce cambios estructurales en el sistema de salud colombiano, con la intención de implantar un modelo "preventivo, predictivo y resolutivo". Más allá de la intención, este modelo plantea, de manera abrupta, sin gradualidad ni fuentes claras de financiación y vacíos técnicos, un riesgo a la continuidad y calidad de la atención.

Uno de los principales cambios es la territorialización de la gobernanza, de la que comenté en una columna pasada, que limita el aseguramiento a regiones y subregiones funcionales. Esto fragmenta dicho aseguramiento y diluye economías de escala, lo que podría dejar, por ejemplo, a zonas rurales sin suficientes operadores. Las IPS, por su parte, pierden autonomía al tener que integrarse obligatoriamente a las Redes Integrales e Integradas Territoriales (Riits), incluso si ya cuentan con redes y programas efectivos. Se corre así el riesgo de debilitar los flujos de servicios que funcionan, sustituyéndolos por un esquema incierto. El decreto también redefine el rol de los Crue, ampliando su competencia hacia toda referencia y contrarreferencia sin que se establezcan estándares, tiempos de respuesta ni recursos adicionales. Esto abre la puerta a demoras y descoordinación en un aspecto crítico: la oportunidad en la atención. ¿Qué pasará con los Sistemas de Emergencias Médicas -SEM- de algunas capitales, distritos y áreas metropolitanas? En cuanto a sistemas de información, la creación del Spuiis, un sistema público unificado y obligatorio, es un paso necesario hacia la interoperabilidad. Sin embargo, falta un plan para su implementación en zonas sin conectividad, las dudas sobre ciberseguridad y la protección de datos sensibles de los pacientes. Sin estas garantías, lo que puede ser un avance, en teoría, puede convertirse en un riesgo adicional. Otro punto crucial es el talento humano en salud. La formalización laboral y la dignificación de las condiciones son metas que compartimos. Pero al imponerlas de manera inmediata y sin fuentes de financiación claras, se expone a hospitales y clínicas a un déficit que podría derivar en recortes o cierres. La consecuencia sería contraria a la buscada: menos estabilidad y menos acceso para los pacientes. La gestión farmacéutica y de programas de alto costo queda en el aire. No hay lineamientos claros sobre oncología, VIH o enfermedades raras, por ejemplo, lo que amenaza la continuidad de tratamientos y la adherencia de los pacientes, con el consiguiente impacto en su salud y en los costos. El elemento transversal es la ausencia de financiación adicional. El decreto redistribuye funciones, exige nuevas responsabilidades y plantea ampliaciones en infraestructura y personal, pero sin asegurar recursos. Esto incrementará el déficit y la incertidumbre económica. En salud, los cambios deben ser progresivos, responsables y sostenibles. De lo contrario, quienes terminan pagando la factura de la improvisación son los pacientes. Por eso, lo que debe primar es la pregunta esencial: ¿garantiza este decreto la continuidad y calidad en la atención de los colombianos? Hoy, la respuesta es incierta.