Decisión territorial

El concepto de "territorio" emerge en Colombia como reclamo de autonomía, desafiando el poder central. La descentralización busca superar la pobreza, pero enfrenta retos clave como la gestión de recursos y la corrupción.

Por Fernando Negrete M. Desde hace algunos años se expandió al interior de las naciones el término territorio para reclamar autonomía, independencia, diversidad, que tal parece vino a reemplazar la llamada autodeterminación de los pueblos contra la injerencia extranjera, que a la postre ha terminado en el ejercicio del poder por lo que pudiera llamarse castas que mantienen a sus pueblos en la más absoluta falta de libertades, pobreza y atropellos en su dignidad. En América Latina y en particular en Colombia, el régimen político fue excluyente, lo cual quedó institucionalizado con el Frente Nacional y en 200 años de independencia de los españoles, solo dos partidos ejercieron el poder: liberales y conservadores, con una población que vivió largos períodos sin acceder a los beneficios del desarrollo, hasta que las continuas luchas por mejores condiciones de vida llevaron a la Constitución de 1991 que abrió el abanico de posibilidades para nuevos sectores sociales. Sin embargo, esta nueva Constitución dejó varios pendientes, entre ellos el tema regional, la descentralización y el poder real de los territorios que claman romper la dependencia del nivel central bajo el supuesto que la autonomía propiciará los cambios que lleven a superar las brechas de pobreza existente entre las áreas urbana y rurales y entre las regiones que conforman el territorio nacional. Un asunto central es el tema de los recursos que muchos partidarios de la regionalización no sopesan. Por un lado, no debe desconocerse que Bogotá con el 20% de la población de Colombia, produce el 30% de la riqueza nacional que en gran parte se recauda en el nivel central para distribuir en el resto del país de acuerdo con criterios político-administrativos. De hecho, ya la capital reclama más participación en esta torta y así Antioquia, Valle, que sienten que subsidian al resto del país. El otro punto es la infraestructura del recaudo y si por alguna circunstancia la regionalización conlleva a que las propias regiones lo realicen, mucho me temo que esto se convierta en un fiasco para los fiscos regionales; razón por la cual, la reforma al régimen territorial debe llevar aparejado el aumento de las transferencias a las regiones y un largo período de preparación para que las entidades territoriales asuman esta tarea. Volviendo a la realidad, el actual ejercicio del poder central en Colombia durante el último año y medio caracterizado por la exclusión de vastos sectores sociales de las decisiones del ejecutivo, la proliferación de actos de corrupción, gobernar con personas y sectores impregnados de activismo y sin formación y el trato desigual a alcaldes y gobernadores, ha puesto con fuerza sobre el tapete el asunto de lo territorial, como una salida al desgobierno que ve como una bandera de los sectores progresistas, ahora está en la cancha de quienes ejercen el poder en las regiones.