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Opinión

De la confrontación…

Fernando Negrete Montes
Fernando Negrete Montes
Columnista
7 de noviembre de 2024

La crítica docente al poder y la lucha sindical por reivindicaciones económicas chocan con el derecho a la educación. ¿Es hora de priorizar la calidad educativa sobre la confrontación?

Por Fernando Negrete Montes Una de las características del ejercicio de la docencia es la crítica al ejercicio del poder y a la organización social bajo el supuesto que es posible vivir en mejores condiciones si se cambian las relaciones existentes y su lugar lo ocupa un nuevo Estado que abogue por el bienestar de la gente, sobre la base que los recursos existentes alcanzan para hacer una mejor repartición de la riqueza. El pensamiento crítico debe hacer parte del grueso de la profesión docente al estar cerca o en la frontera del conocimiento y quienes no deben "tragar" entero porque su misión es conocer la realidad y enseñar a sus alumnos lo que dice la ciencia y serán estos los que trasciendan ese mundo al dotarse de los medios para realizar los saltos cualitativos transformadores del entorno. Pero otra cosa es lo que la dirigencia sindical del magisterio ha pregonado y practicado desde que la docencia tomó vuelo en el país en los años sesenta y setenta del siglo pasado, asociado al crecimiento poblacional y la urbanización que incrementaron la matrícula y que departamentos y municipios no tenían la capacidad para satisfacer las demandas educativas, deviniendo en la nacionalización de la educación con la ley 43 de 1975 y el fortalecimiento del gremio de los educadores. Los bajos salarios y los pagos tardíos a los docentes, justificaron los reclamos y las movilizaciones que se extendieron por todo el país y llevaron a la convicción que, como lo dice hoy el presidente de Fecode: "La lucha continúa… la unidad en la lucha nos hará vencedores, sin lucha nos habrá victorias", denotando que el eje principal que quia a la dirigencia sindical son los temas conflictivos asociados a reivindicaciones económicas, pasando por encima del derecho fundamental de los niños a la educación. Con la creación del Sistema General de Participaciones, SGP, ley 715 de 2001, quedaron superadas las épocas en que los salarios de docentes no se pagaban de forma oportuna, al financiar en una sola bolsa las nóminas de docentes nacionales, nacionalizados, departamentales y municipales, y recibir además los beneficios de prestaciones económicas nivelando en este aspecto a los docentes con el resto de los empleados públicos y pasando por encima de ellos dado su régimen prestacional especial. Hoy están fuera de lugar las reiteradas interrupciones del servicio con plantones y cese de actividades en detrimento de los estudiantes y los contribuyentes cuyos impuestos se destinan al pago de los salarios, mientras no se dice nada del factor calidad y de la cobertura educativa con la caída de la matrícula que pone en riesgo la estabilidad de los mismos docentes, lo que amerita una reflexión social sobre el papel desempeñado por el magisterio y propiciar un cambio en la forma de reclamar o solicitar un servicio para pasar de la confrontación a la construcción.