Cuando las cuentas no dan, el paciente paga

Escribo esta columna el 29 de diciembre, a pocas horas de cerrar el año, sin que aún conozcamos el ajuste final de la Unidad de Pago por Capitación (UPC). Solo sabemos lo que se proyecta: un incremento cercano al IPC, alrededor del 5%. Al tiempo, el país asimila un aumento del 23% en el salario mínimo. No me propongo discutir aquí si ese incremento es justo o conveniente para los trabajadores. Ese no es el punto. El punto es qué significa esta combinación para el frágil sistema de salud que tenemos y para las personas que dependen de él, especialmente los enfermos crónicos.

El sistema de salud colombiano no está en equilibrio. Desde hace varios años gasta más de lo que recibe. En 2024, por cada 100 pesos de ingreso, el sistema gastó cerca de 110 pesos, y en el caso de las EPS intervenidas por el propio Gobierno, la cifra llegó a 116. Esto no es opinión: está en los estados financieros reportados a la Supersalud. La insuficiencia no apareció este año ni es un fenómeno repentino. En ese contexto, un ajuste de la UPC limitado a la inflación, mientras se decreta un aumento del salario mínimo del 23%, es financieramente explosivo. En salud, entre el 30% y el 60% del gasto es salario. En hospitales públicos, puede ser más. Los sueldos del personal están directa o indirectamente indexados al salario mínimo. Los ingresos del sistema, no. No hace falta un modelo econométrico sofisticado. Basta una cuenta básica: si los costos laborales suben 23% y los ingresos solo 5%, la brecha se amplía de inmediato. Una insuficiencia que hoy ronda el 110% puede escalar rápidamente al 120%. ¿Quién recibe ese golpe primero? Las EPS del régimen subsidiado, muchas de ellas intervenidas, y los hospitales públicos, que por ley atienden al menos el 60% de esa población. Las consecuencias no son abstractas. Habrá más retrasos en pagos, mayor iliquidez, cierre de servicios, contratos precarios para el talento humano y, finalmente, menos acceso efectivo para los pacientes. El discurso oficial suele reducir esto a “problemas contables” o a un supuesto mal manejo histórico de las EPS. Pero cuando el propio Gobierno administra las aseguradoras más grandes del país, ese argumento deja de ser convincente. Durante buena parte del año se negó la insuficiencia de la UPC. Hoy se reconoce, incluso como justificación de una emergencia económica. La contradicción es evidente. Más aún cuando el ajuste que se perfila no parece reconocer el principal choque de costos que el mismo Gobierno decretó. Esto no es una discusión ideológica ni técnica de escritorio. Como médico, lo digo con preocupación genuina: las malas cuentas siempre terminan pagándose en la cama del hospital, y casi siempre por los más jodidos. Los pacientes con cáncer, enfermedad renal o enfermedades huérfanas no pueden “esperar a que las cifras cuadren”. Cerrar el año así y empezar 2026 con esta combinación de decisiones no es una buena señal. Ajustar solo por inflación, ignorando el aumento real de los costos, no es neutral. Es una decisión política que pone en riesgo la sostenibilidad del sistema y el acceso a la salud. Y cuando eso ocurre, no fallan las EPS ni los hospitales: falla el Estado.