Cuando el poder político invade la historia clínica

La muerte de Kevin, un niño con hemofilia que falleció tras un trauma en medio de la interrupción de su tratamiento, es una tragedia sanitaria. Pero lo que ocurrió después abre otro frente, igual de grave, el comentario público de su historia clínica por parte de altos funcionarios del Estado.

En un Consejo de Ministros, el presidente Petro y el ministro Jaramillo hicieron referencia detallada al diagnóstico del menor y circunstancias asistenciales. Más allá del debate político, ¿puede el poder ejecutivo exponer información clínica individual en un escenario público? En Colombia, la historia clínica no es un insumo narrativo. Es un documento privado, protegido por reserva legal. La Ley 23 de 1981 establece el deber de confidencialidad médica. La Resolución 1995 de 1999 define la historia clínica como un documento sometido a reserva. La Ley 1581 de 2012 clasifica la información en salud como dato sensible, cuya divulgación exige autorización expresa del titular o su representante legal. En el caso de menores, la protección es aún más estricta. No estamos hablando de tecnicismos. La confidencialidad es un pilar estructural del sistema sanitario. Sin ella, la relación médico–paciente se erosiona. Si los ciudadanos perciben que su información puede ser utilizada en escenarios políticos para fijar narrativas o deslindar responsabilidades, la confianza institucional se deteriora. Aquí conviene separar planos. El primero es clínico, un niño con hemofilia severa requiere profilaxis continua y la interrupción del tratamiento lo deja expuesto a desenlaces graves ante un trauma. El segundo es sistémico, la continuidad en la entrega de medicamentos de alto costo es una obligación del asegurador y un indicador crítico de gobernanza sanitaria. El tercero es ético-jurídico, la eventual exposición de datos clínicos individuales en un escenario público. El debate no debe centrarse en si el menor montaba bicicleta o en cómo ocurrió el accidente. Ese enfoque desplaza el problema. El punto es si el Estado puede utilizar información sanitaria individual para construir una narrativa política. La respuesta es clara, la información clínica es reservada y su uso está estrictamente delimitado. En salud pública solemos hablar de infraestructura crítica, hospitales, redes, talento humano, financiación. Pero hay una infraestructura invisible, igual de importante: la confianza. Cuando un gobierno cruza la frontera de la reserva clínica, aunque sea con la intención de explicar un caso, envía un mensaje peligroso, los datos sensibles pueden convertirse en herramienta discursiva. Este no es un asunto de simpatías ideológicas. El poder político administra recursos, diseña políticas y responde por la gestión del sistema. No administra historias clínicas para “defenderse” por su irresponsabilidad. La muerte de Kevin exige auditoría clínica, revisión de continuidad terapéutica y responsabilidades claras en la cadena de suministro. Pero también exige respeto irrestricto por la reserva médica. Si el Estado no protege la intimidad sanitaria de un menor fallecido, ¿qué garantía real tienen los demás pacientes? Cuando el poder político invade la historia clínica, se debilita la confianza que sostiene todo el sistema de salud, y quedó claro que al presidente y su ministro eso les importa un bledo.