Cuando el Estado no puede con una farmacia

El debate sobre el rol del Estado en la administración de servicios esenciales no es nuevo. Sin embargo, ejemplos como el caso de Drogas La Rebaja, resultan preocupantes. Una empresa con presencia nacional histórica, con cientos de puntos de atención y miles de trabajadores, hoy aparece como un síntoma más del deterioro institucional que atraviesa Colombia.

Según información divulgada por medios nacionales y debates públicos recientes, Drogas La Rebaja cerraría el año 2025 con pérdidas multimillonarias. Aunque las cifras exactas aún requieren estados financieros auditados y plenamente publicados, la empresa pasó de una situación de relativa estabilidad operativa a un escenario de pérdidas sostenidas tras la intervención estatal. Y ese cambio no ocurrió en el vacío. Desde una perspectiva médica y de salud pública, este caso resulta particularmente llamativo. Cuando una red de farmacias colapsa o se vuelve ineficiente, el impacto no solo es contable. El Gobierno ha defendido la intervención argumentando irregularidades previas en la administración de la cooperativa Copservir, y es cierto que existían problemas que debían ser corregidos. Sin embargo, intervenir no es sinónimo de improvisar, y mucho menos de politizar. Nombrar agente especial a una persona sin formación ni experiencia en gestión empresarial de gran escala, hecho ampliamente documentado, no es una decisión técnica; es una apuesta ideológica con recursos ajenos. Desde la medicina sabemos que las decisiones sin evidencia cuestan caro En lo clínico, se traducen en morbimortalidad. En gestión, en pérdidas, desabastecimiento y precarización laboral. Hoy, más de 5.000 trabajadores dependen de una empresa cuya viabilidad está en entredicho, mientras el país enfrenta simultáneamente un aumento sostenido del gasto en salud, crisis de medicamentos y EPS en cuidados intensivos financieros. No hay evidencia confirmada de un “robo” literal de recursos en Drogas La Rebaja, y afirmarlo sin respaldo judicial sería irresponsable. Pero tampoco puede negarse que la gestión deficiente, la falta de idoneidad técnica y la subordinación de decisiones operativas a agendas políticas generan daño. El daño por incompetencia es tan real como el de la corrupción. El contraste es incómodo, mientras cadenas privadas del sector farmacéutico crecen, se expanden y mejoran sus indicadores, el modelo estatal exhibe pérdidas, desorden y opacidad. Y esto ocurre mientras el mismo Gobierno insiste en que el Estado debe asumir un rol cada vez más amplio como administrador directo del sistema de salud. Como médico, mi pregunta no es ideológica sino pragmática: si el Estado no logra administrar eficientemente una red de farmacias, ¿con qué sustento técnico se propone manejar integralmente la atención de millones de pacientes? La salud pública no se gobierna con consignas. Se gestiona con competencia, evidencia y responsabilidad.