Cuando el agua gobierna y el Estado llega tarde

Córdoba vuelve a estar bajo el agua. No es una metáfora ni una exageración coyuntural: es un hecho recurrente, previsible y documentado. Cada temporada de lluvias reproduce el mismo libreto en el Caribe colombiano: ríos desbordados, vías colapsadas, cosechas perdidas, escuelas cerradas y miles de familias atrapadas entre el barro y la incertidumbre. Lo verdaderamente grave no es la lluvia, sino la incapacidad estructural del Estado para anticiparse, decidir y ejecutar.

El Caribe no se inunda por sorpresa. Según el Ideam, los eventos asociados a La Niña son cada vez más intensos y frecuentes, en línea con los escenarios de cambio climático. Colombia ya sabe —con datos, mapas y modelos— dónde se va a inundar, cuándo y con qué impacto. En departamentos como Córdoba, más del 30 % del territorio tiene alta o muy alta exposición a inundaciones. La Mojana es quizá el caso más dramático: un territorio donde el agua regula la vida desde hace siglos, pero donde el Estado insiste en improvisar. Aquí aparece la primera falla estructural: la gestión del riesgo en Colombia sigue siendo reactiva. La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres actúa cuando la tragedia ya ocurrió. Los recursos fluyen tarde, fragmentados y, muchas veces, mal focalizados. Gobernadores y alcaldes quedan solos, administrando la emergencia con presupuestos limitados, mientras desde Bogotá se observa el desastre como si fuera una anomalía inevitable y no el resultado de decisiones postergadas. Los costos son enormes y acumulativos. No solo en infraestructura —vías terciarias, acueductos rurales, distritos de riego destruidos—, sino en bienestar social. Cada inundación empuja a miles de familias a la pobreza transitoria o permanente. Niños que pierden meses de clase, mujeres que asumen cargas desproporcionadas de cuidado, adultos mayores que tardan años en recuperar su mínima estabilidad. El daño no aparece completo en las cuentas fiscales, pero sí en los indicadores sociales que luego sorprenden a los tecnócratas. La segunda falla es aún más profunda: seguimos apostándole a proyectos paliativos. Jarillones mal diseñados, dragados sin enfoque de cuenca, obras inconexas que no dialogan entre sí. En La Mojana existen estudios suficientes para llenar bibliotecas completas. Diagnósticos del Departamento Nacional de Planeación, documentos Conpes, consultorías financiadas por multilaterales. El problema no es falta de conocimiento; es falta de decisión política para pasar de la planeación a la ejecución de proyectos estructurales, de escala regional y con visión de largo plazo. Gobernar el agua no es un asunto ideológico. Es técnica, coordinación interinstitucional y priorización presupuestal. Implica entender que los ríos no respetan límites administrativos y que la solución no puede depender de la capacidad fiscal de un solo municipio. Requiere proyectos regionales, bien estructurados, que integren ordenamiento territorial, restauración de ecosistemas, infraestructura hidráulica y sistemas productivos adaptados al régimen hídrico. Lo contrario es seguir parchando un sistema que colapsa cada dos o tres años. También hay que decirlo con claridad: el Estado central ha sido paquidérmico. La descentralización sin acompañamiento técnico real dejó a los territorios expuestos. Mientras tanto, el sector privado —empresarios locales, gremios, fundaciones— aparece una y otra vez cubriendo vacíos que no le corresponden. Ese compromiso es valioso y merece reconocimiento, pero no puede convertirse en coartada para la inacción pública. Lo más preocupante es que esta inacción no es neutra: reproduce un modelo de gestión pública que normaliza la pérdida. Cada año sin obras estructurales es una decisión implícita de aceptar más pobreza, más desplazamiento silencioso y más dependencia de ayudas de emergencia. Gobernar el agua exige romper con la lógica presupuestal de corto plazo y asumir que invertir hoy en control de inundaciones, ordenamiento de cuencas y adaptación productiva es fiscalmente más responsable que seguir pagando reconstrucciones parciales y subsidios temporales. No hacerlo no es prudencia: es negligencia administrativa. El cambio climático acelera los tiempos. Lo que antes ocurría cada diez años hoy sucede cada dos o tres. Seguir administrando la emergencia como si fuera excepcional es una irresponsabilidad. La política pública debe asumir que estos eventos serán más frecuentes y diseñar soluciones permanentes. No hay más margen para la improvisación. Es justo reconocer a gobernadores como los de Córdoba y La Guajira, y a los funcionarios públicos que los acompañan, que, desde el primer día, están en el territorio, atendiendo la emergencia con lo que tienen. Técnicos, ingenieros, profesionales sociales que ponen el cuerpo donde el Gobierno central suele llegar tarde. Pero también es necesario exigir a los niveles de decisión —Ministerios, Fondo de Adaptación, UNGRD, DNP— que asuman su responsabilidad histórica. Córdoba no necesita más discursos solidarios ni visitas protocolarias con botas nuevas. Necesita decisiones. Necesita ejecución con rigor técnico. Necesita que el agua deje de gobernar porque el Estado, por fin, decidió hacerlo. El momento de reaccionar no es mañana ni en el próximo invierno: es ahora.