Corrieron la línea

La Procuraduría General de la Nación y la Misión de Observación Electoral (MOE) han hecho llamados de atención que resultan más que necesarios en el contexto actual de la política colombiana. La participación de altos funcionarios del gobierno, incluido el presidente Gustavo Petro, en la campaña electoral que se desarrolla en paralelo a su mandato plantea serios interrogantes sobre la imparcialidad en el ejercicio del poder. Es evidente que algunos ministros y miembros del gabinete han tomado partido abiertamente por candidatos que comparten su misma ideología política. Esta situación no solo pone en riesgo la neutralidad exigida por la ley durante el período electoral, sino que también puede generar un clima de favoritismo que perjudica la confianza ciudadana en las instituciones del Estado. La utilización de recursos públicos y la influencia del poder ejecutivo en el proceso electoral son prácticas que deben ser vigiladas con suma atención.

Es el Gobierno el encargado de brindarle las garantías a todos los candidatos, sin embargo, lo que hoy se observa es una seria injerencia que va en contravía poniendo en riesgo la legitimidad democrática que ha caracterizado a Colombia. Muchos funcionarios corrieron la línea de la ética, pero instituciones como el Ministerio Público y la MOE están ahí para alertar los desafueros que se registren. El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, está en la mira de la Procuraduría, que lo investiga.