Córdoba en la encrucijada: ordenamiento del territorio, desastre ambiental y decisiones urgentes

Esta es la tercera ocasión en que, públicamente, abordo el tema del nuevo ordenamiento territorial que desde el nivel central del gobierno se está configurando para Córdoba.

La primera vez advertí sobre la magnitud del proyecto que identifica las Zonas de Protección para la Producción de Alimentos,la segunda, profundicé en lo que está en juego para Montería: autonomía territorial, seguridad alimentaria y coordinación institucional. Hoy regreso al asunto, pero bajo una realidad que no podemos ignorar, el desastre ambiental de magnitudes inimaginables que atraviesa el departamento y el proyecto de resolución a través del cual se declaran las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (Appa) en el departamento de Córdoba. Las inundaciones recientes, las pérdidas en cultivos, el impacto sobre vías terciarias, los daños en viviendas rurales y el desbordamiento de cuerpos de agua no son hechos aislados, son la manifestación visible de un territorio que enfrenta presiones climáticas cada vez más intensas, sumadas a décadas de decisiones fragmentadas sobre el uso del suelo. En ese contexto, el proyecto de resolución del Ministerio de Agricultura que declara las “Áreas de Protección Para la Producción De Alimentos APPA“ en el departamento adquiere una dimensión distinta, ya no es solo un debate jurídico sobre competencias o un asunto técnico reservado a especialistas en planeación, se convierte en una pregunta estructural; ¿estamos ordenando el territorio para bien de la población o estamos sumando nuevas y gravísimas incertidumbres? El propósito de proteger los suelos con alta vocación productiva es legítimo, Colombia tiene un mandato constitucional claro de proteger la producción de alimentos. En un país donde aún conviven hambre y desperdicio, informalidad rural y abandono institucional, cualquier iniciativa que busque fortalecer la seguridad alimentaria merece atención seria. Pero el cómo importa tanto como el cuándo y el porqué. Cuando un territorio como Córdoba enfrenta simultáneamente emergencias climáticas, expansión urbana, presión sobre ecosistemas estratégicos y conflictos históricos de uso del suelo, el ordenamiento no puede diseñarse a través de decisiones aisladas. No basta con identificar en un mapa las áreas con mejor aptitud agrícola, es necesario preguntarse cómo interactúan esas áreas con zonas de riesgo por inundación, con corredores de infraestructura, con dinámicas de vivienda rural, con procesos productivos ya existentes y con la realidad económica de quienes viven allí. El desastre ambiental reciente nos recuerda algo elemental, el territorio no responde a resoluciones, leyes o decretos, responde a decisiones articuladas y coordinadas que tengan muy presente las realidades históricas. Si una zona es altamente productiva pero está sometida a riesgo recurrente de inundación, la política pública no puede limitarse a declararla área protegida para alimentos; debe articular drenajes, obras hidráulicas, adaptación climática, seguros agropecuarios, fortalecimiento técnico y acompañamiento real al productor, de lo contrario, la norma termina siendo declarativa mientras la realidad impone sus propias reglas. Aquí es donde la discusión sobre la autonomía municipal deja de ser una controversia jurídica abstracta y se convierte en una necesidad práctica, los municipios son quienes conocen el comportamiento de sus ríos, los ciclos productivos, las zonas que históricamente se anegan, los sectores donde la expansión urbana ya es irreversible. El nivel central puede aportar criterios técnicos valiosos, pero la coordinación no puede ser simbólica, no es suficiente remitir oficios o publicar cartografía digital; se requiere deliberación, discusión técnica y jurídica, ajuste de lo necesario y construcción conjunta. Porque el riesgo más grande en este momento no es la existencia de las Appa , el verdadero riesgo es que avancemos hacia determinantes nacionales sin que exista una estrategia integrada de gestión del riesgo ambiental y climático, sin planificación territorial acorde a las realidades locales, y es que ese riesgo no es teórico. Las imágenes recientes de cultivos bajo el agua, de campesinos perdiendo su producción y de comunidades aisladas muestran que el territorio está hablando con fuerza. La pregunta es; las instituciones están escuchando con la misma intensidad? Ordenar el suelo sin incorporar plenamente la variable climática puede generar nuevas tensiones, proteger la vocación agrícola sin prever mecanismos de adaptación puede traducirse en frustración y limitar usos sin ofrecer alternativas económicas reales puede profundizar desigualdades. Córdoba no necesita más decisiones fragmentadas, necesita coherencia. El nuevo ordenamiento territorial puede ser una oportunidad histórica si se entiende como parte de una estrategia mayor, seguridad alimentaria con adaptación climática, producción sostenible con infraestructura resiliente, protección del suelo con inversión pública efectiva, pero si se gestiona como un instrumento aislado, corre el riesgo de convertirse en otro capítulo de choque institucional. Esta es la tercera vez que escribo sobre el tema porque la coyuntura lo exige, no se trata de oponerse a una política pública, se trata de insistir en que el territorio no es un tablero técnico, sino un espacio vivo donde confluyen economía, cultura, clima y derechos. La seguridad alimentaria no se garantiza únicamente delimitando áreas, se construye fortaleciendo al productor, invirtiendo en infraestructura rural, mejorando vías terciarias, asegurando acceso a crédito, promoviendo prácticas sostenibles y coordinando niveles de gobierno. La gestión del riesgo no se resuelve reaccionando cada vez que viene una inundación, se resuelve planificando con anticipación, integrando información climática en el ordenamiento territorial y evitando contradicciones normativas. La autonomía territorial no es un obstáculo para la política nacional, es una condición para que esa política sea viable y legítima. El desafío para Montería y para Córdoba no es elegir entre seguridad alimentaria o desarrollo urbano, entre determinantes nacionales o autonomía local, el desafío es construir una arquitectura institucional que permita que esas dimensiones convivan sin generar inseguridad jurídica ni improvisación. En momentos de desastre ambiental, las decisiones apresuradas suelen parecer atractivas, pero la experiencia demuestra que las soluciones estructurales requieren diálogo, técnica y coordinación. Estamos ante una coyuntura decisiva, el ordenamiento territorial que hoy se discute puede marcar el rumbo de las próximas décadas, puede convertirse en un modelo de articulación multinivel o en un ejemplo más de fragmentación institucional que al final termina impactando la vida de esas personas o lo que algunos llaman la "Colombia Profunda". En Córdoba no está en juego únicamente un acto administrativo; en este caso las Appa, lo que realmente está en juego es la forma como decidimos habitar y proteger nuestro territorio en un tiempo donde el cambio climático nos comienza a pasar factura.