Con pena y sin gloria

En 2023, gobernadores y alcaldes enfrentaron un "apretón" financiero por la caída de transferencias nacionales. La dependencia, iniciada en 2001, obligó a buscar recursos, pero la situación empeoró, forzando la austeridad local.

Por Fernando Negrete Montes En 2023, los gobernadores y alcaldes que estaban en el último año de sus mandatos sintieron un apretón por parte de la nación relacionado con los aportes del presupuesto nacional que se destinaba a las regiones, adicional a la caída de las transferencias del Sistema General de Participaciones y del Sistema General de Regalías, que desde 2012 se había extendido a todos los departamentos y municipios del país. Esta dependencia de las transferencias se explica porque de un 48% de los ingresos corrientes de la nación que la Constitución de 1991 había fijado y reglamentada con la ley 60 de 1993 para transferir a las entidades territoriales, se pasó a un 22% en 2001, provocando la estampida de gobernadores y alcaldes a Bogotá a buscar recursos del presupuesto nacional porque la Nación quedó convertida en el rico del paseo. El Sistema General de Participaciones fue aprobado inicialmente por seis años, hasta 2007, con una base fija de las transferencias del año anterior, incrementada en la inflación más unos puntos que lograron estabilizar los ingresos de departamentos y municipios cubriendo las deudas y los incrementos salariales correspondientes, asunto que llevó al legislador y al gobierno de la época, extender el sistema hasta el año 2015, con un costo de 350 billones para las regiones. Durante este tiempo, se le cargaron al sistema nuevos gastos como la gratuidad educativa, parte del Programa de Alimentación Escolar, infraestructura y transporte escolar, universalización de la educación y la salud, saneamiento básico y agua potable, de tal manera que al final del período de extensión del sistema, los gastos empezaron a superar a los ingresos y generarse deudas que aumentaron las restricciones en la ejecución de los proyectos y sin iniciativas de gobierno y congreso que lo reformaran para estabilizarlo. Diez años después y ante estas aulagas en que andaban las regiones, se modifica la constitución en la parte de transferencias y se aprueba llevar el monto de estas a un 39.5% en un lapso de 12 años empezando en 2027, interregno que coincide con un gobierno nacional al que se le cayeron las rentas porque de forma deliberada golpeó a los sectores económicos que más las generan y frenó los proyectos que venían por vigencias futuras como las vías 4G y 5G, los Metros de Bogotá y Medellín y un sinnúmero de proyectos en las regiones que no reciben pagos por su ejecución. Frente a este panorama, los nuevos alcaldes y gobernadores entendieron que los viajes a Bogotá no tenían sentido y que, ante esta soledad del nivel nacional, había que hacer el esfuerzo local y buscar la financiación de los proyectos de sus planes de desarrollo con sus propias rentas y ser austeros en el gasto para no pasar sus cuatro años con pena y sin gloria.