Comprar votos: el delito que no podemos seguir normalizando

La compra de votos en Colombia dejó hace tiempo de ser una sospecha. Es un secreto a voces. Todos hablan de ella, muchas comunidades la padecen, pero todavía son pocos los casos que se investigan a fondo y menos aún los que terminan en sanción.

Las cifras lo confirman. En la Fiscalía General de la Nación existen hoy 4.180 noticias criminales por corrupción al sufragante. De ellas, el 69,6 % están inactivas. Y de las 1.269 activas, solo en 153 casos —apenas 3,6 % del total— se ha logrado avanzar en la vinculación de presuntos responsables de pagar, entregar dinero u ofrecer beneficios para asegurar votos por un candidato o partido. Ese dato debería escandalizar al país. No solo por la baja capacidad de esclarecimiento, sino porque transmite un mensaje de impunidad frente a una conducta que afecta de manera directa la libertad del elector y la legitimidad del sistema democrático. En las elecciones legislativas y de consultas presidenciales del pasado 8 de marzo, la Policía Nacional reportó 60 capturas por delitos electorales y 53 por incautaciones de dinero. Aunque el aumento frente a 2022 es de un 276%, la respuesta institucional sigue siendo marginal frente a la dimensión real del fenómeno. Más allá de las cifras, en los territorios persiste una realidad que no puede seguir ignorándose. Como delegada del Ministro de Defensa en el Puesto de Mando Unificado durante la jornada electoral en Sucre, conocí denuncias ciudadanas sobre personas concentradas en varios puntos cercanos a puestos de votación, bajo esquemas reiterados y visibles. En dichos lugares se encontraron, en algunos casos, listados de cédulas junto a la información del puesto de votación, aunque no siempre dinero en efectivo. En todos aparecía el mismo afiche, el mismo logo, la misma operación. La actuación de la Policía se enmarcó en lo previsto en el artículo 8 del Decreto 0188 de 2026: desmontar puestos de información electoral, decomisar los elementos y suspender la actividad. Sin embargo, no hubo apertura de noticia criminal. Y ahí surge una pregunta ineludible: cuando existen patrones repetidos, organización logística y mecanismos informales de control electoral, ¿no deberían activarse con mayor contundencia las capacidades investigativas del Estado? La compra de votos no solo se ha normalizado entre quienes la promueven y quienes, por necesidad, terminan aceptándola. También ha encontrado márgenes de tolerancia institucional. Aunque la directriz presidencial de evaluar a los comandantes de Policía por sus resultados frente a este delito produjo un aumento importante en capturas e incautaciones, este fenómeno no puede enfrentarse únicamente con operativos aislados el día de la elección. Se requiere anticipación, inteligencia y decisión política. Hay que seguir la ruta del dinero: identificar retiros atípicos de efectivo en zonas de riesgo electoral, rastrear transferencias sospechosas a través de billeteras digitales, cruzar información operativa y financiera en tiempo real, y actuar antes de que estas redes compren la voluntad popular. Comprar votos no es una práctica folclórica ni una "costumbre regional". Es una forma de secuestrar la democracia. Si queremos proteger la democracia, debemos asumir este delito con toda la seriedad que merece y enfrentarlo con mayor decisión, tecnología y capacidad estatal.