Comisión de acusaciones: unos ratones cuidando al queso

En Colombia, el órgano competente para destituir a un presidente por faltas penales o disciplinarias o indignidad política es el Senado de la República, según los artículos 174, 175 y 178 de la Constitución Política.

Para ello, se requiere que la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes formule una acusación previa mediante un proceso que tiene el carácter de una investigación penal o disciplinaria y, luego de encontrarlo culpable, remitir el expediente al Senado y solicitar las sanciones que quepan, incluyendo su destitución. Pero esta tal “Comisión de Acusaciones” en la historia política de Colombia ha resultado ser un organismo inútil, corrupto y pestilente manejado por los presidentes de turno y, entonces, es como si usted pusiera a una reunión de ratas a cuidar un queso. De nefasta recordación aquella comisión que le correspondió investigar al presidente Ernesto Samper, elegido en segunda vuelta con el aporte de 8 mil millones de pesos provenientes del cartel de Cali, y esa financiación tenía como propósito “asegurar un presidente amigo” para evitar la extradición, según confesó uno de los capos del cartel. No se condenó al presidente a pesar de la evidencia de todas las pruebas porque los 8 mil millones alcanzaron para sobornar a toda la comisión y, por el contrario, dicho proceso terminó en el magnicidio de Estado de Álvaro Gómez Hurtado, quien en el diario El Nuevo Siglo pedía todos los días la renuncia del presidente. Han transcurrido unos treinta años y ahora asistimos al mismo espectáculo circense. Una comisión de acusaciones que tiene como tarea investigar al presidente Petro por haber sobrepasado el tope de gastos de su campaña y por las chuzadas contra un candidato a la presidencia de la república. Pero la presidenta de la comisión, Gloria Arizabaleta, amiga política y personal del presidente, lleva 16 procesos contra él archivados “por falta de pruebas” y este será uno más. Daniel Briceño, representante electo, ha dicho que los miembros de la comisión “han impulsado la impunidad del presidente y son una burla para la justicia y el país”. Es indispensable que una reforma constitucional cree un mecanismo fiable para juzgar a los presidentes, conformado por magistrados de las altas cortes, para evitar que un grupo de compinches de los presidentes sea sus juez natural.