Colombia país caótico

La seguridad en Colombia se deteriora: aumentan asesinatos, secuestros y robos, junto a desorganización gubernamental. El gobierno de Petro enfrenta crisis con alta rotación ministerial y baja ejecución presupuestal.

Por Félix Manzur Colombia atraviesa una crisis marcada por el incremento de asesinatos, secuestros y robos, sumado a una evidente desorganización gubernamental y debilitamiento de las fuerzas armadas. Desde el inicio del mandato del presidente Gustavo Petro en agosto de 2022, la situación de seguridad ha empeorado notablemente. Incremento de la violencia y criminalidad: En 2023, Colombia registró 343 secuestros, la cifra más alta en los últimos catorce años. Los departamentos más afectados fueron Antioquia (54 casos), Norte de Santander (48), Valle del Cauca (47), Nariño (30) y Cauca (26) . Además, según Medicina Legal, se contabilizaron más de 14.000 homicidios en el mismo año, lo que representa un aumento del 5,2% respecto al año anterior . La extorsión también mostró un preocupante incremento del 17%, con 5.436 casos denunciados en 2024, en comparación con 4.613 en 2023 . Asesinato de líderes sociales y defensores del medio ambiente: Desde enero de 2016 hasta diciembre de 2024, se registraron 1.372 asesinatos de líderes sociales en Colombia, aunque se reconoce un posible subregistro . En 2023, el país fue el más letal para los defensores del medio ambiente, con 79 asesinatos reportados . Estas cifras reflejan la grave situación de inseguridad para quienes defienden los derechos humanos y el medio ambiente. Desempeño gubernamental y cambios ministeriales: La administración de Gustavo Petro ha enfrentado una notable inestabilidad en su gabinete. En los primeros dos años de gobierno, se nombraron 40 ministros y 54 viceministros, lo que ha dificultado la implementación de políticas coherentes y efectivas . Esta rotación constante de altos funcionarios refleja una falta de cohesión y dirección en el gobierno. Falta de ejecución presupuestal: A pesar de los desafíos que enfrenta el país, se ha evidenciado una subejecución significativa del presupuesto nacional. Miles de millones de pesos destinados a proyectos de infraestructura, seguridad y desarrollo social permanecen sin ejecutar, se calculan más de 90 billones, lo que agrava la percepción de ineficiencia y desorganización gubernamental. Esta falta de ejecución impide avances en áreas críticas y contribuye al descontento ciudadano.