Coherencia fiscal y responsabilidad en la labor legislativa

El presupuesto nacional de 2025, con un posible déficit de $32 billones, genera incertidumbre. Senadores alertan sobre recortes sociales y riesgos económicos por falta de financiación real.

Por Liliana Bitar El Proyecto de Ley del Presupuesto General de la Nación para el 2025 nos plantea un escenario fiscal y económico incierto, con un monto desfinanciado que podría ascender a $32 billones. Desde mi rol en la Comisión Tercera del Senado, he sido enfática en señalar los riesgos de aprobar un presupuesto desfinanciado que no esté respaldado por ingresos reales. Un presupuesto de $523 billones, de los cuales $12 billones dependen de la aprobación de una Ley de Financiamiento, es irresponsable en un contexto donde el crecimiento económico es casi inexistente. Expertos como el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf) y Fedesarrollo han señalado que las metas de ingresos proyectadas por la Dian son poco realistas. Este desfinanciamiento, de no corregirse, llevará a recortes de programas sociales, afectando aún más a la ya golpeada economía nacional. Mi posición no ha sido oponerse por oponerse, sino aprobar un presupuesto realista que responda a las necesidades y posibilidades del país. Hemos propuesto ajustar el monto en al menos $12 billones, pero el Ejecutivo se mantiene en la cifra original. Además, aprobar simultáneamente una Ley de Financiamiento que flexibilice la regla fiscal pone en riesgo la calificación crediticia del país y genera incertidumbre en los mercados internacionales. Esta estrategia no solo es imprudente, sino que socava el necesario debate democrático sobre el presupuesto. Nuestra responsabilidad fiscal no es un capricho, es una obligación para asegurar el bienestar futuro de Colombia. Es vital que el presupuesto esté financiado, que las leyes de financiamiento acompañen las decisiones presupuestarias y que exista un plan claro de reactivación económica. Colombia no puede permitirse mensajes equivocados al mercado, ni un presupuesto que no refleje las realidades fiscales del país. Seguiremos buscando las alternativas legales para corregir los puntos que no compartimos, especialmente en lo que respecta a la inversión regional que afecta a nuestros departamentos de la Costa Caribe. Este llamado al Gobierno es por sensatez y responsabilidad con el futuro económico de la nación. Necesitamos un presupuesto realista y sostenible, alineado con las prioridades del país.