Aqualia

En audiencia sobre agua potable en Córdoba, alcaldes revelaron sorpresas. Denuncian concesiones forzadas y ampliación de contratos, mientras el servicio sigue deficiente.

Varias sorpresas se llevaron algunos de los asistentes a la audiencia convocada por la Defensoría del Pueblo para tratar la problemática de la prestación del servicio de agua potable en algunos municipios de Córdoba. Dos de los alcaldes de los municipios afectados fueron los encargados de notificar las novedades al resto de los asistentes en medio de las quejas por la pésima prestación del servicio. El Alcalde de San Antero afirmó que ellos operaban bien el servicio de agua y alcantarillado hasta que el Gobierno Nacional los obligó a entregar en concesión a operadores privados. El Alcalde de San Andrés de Sotavento afirmó que, aunque algunos esperaban con ansias la terminación del contrato de concesión, este había sido ampliado por 10 años más por parte de los anteriores mandatarios locales. Ambas denuncias ameritan una investigación seria. La problemática de la prestación del servicio no es nueva. Desde hace varios años en este mismo periódico se han venido denunciando los atropellos de la empresa. El 14 de marzo de 2021 El Meridiano, recogió, en página completa, las denuncias de la ciudadanía en relación con la deficiente prestación del servicio de acueducto en los municipios de Cereté, San Carlos, Ciénaga de Oro y Sahagún. Siete días seguidos duraron en aquel entonces sin el preciado líquido. Aqualia es un unificador. Esta empresa española formalizó la adquisición de 12 concesiones de agua potable en 12 municipios del departamento de Córdoba. Se adquirieron a tres compañías del mismo grupo empresarial: Aguas del Sinú, que gestionaba el servicio en siete municipios (Lorica, Chimá, Momil, Purísima, Tuchín, San Antero y San Andrés de Sotavento); Uniaguas, que operaba los servicios en otras cinco localidades (Cereté, Ciénaga de Oro, Sahagún y San Carlos); y Opsa, que atendía las necesidades del municipio de Planeta Rica. Así las cosas, Aqualia presta el servicio de agua potable a más de 360.000 habitantes del departamento. Pero las quejas de los ciudadanos y las autoridades parecen caer en saco roto, sobre todo ante la Superservicios, que es la entidad encargada de vigilar la correcta prestación de los servicios públicos en el país. Si el servicio no mejora los alcaldes no solo deberían seguir acudiendo a dicha entidad para que sancione o multe al prestador, sino que deberían buscar los mecanismos contractuales para rescindir el contrato de concesión. Mención aparte merecen, eso sí, los alcaldes que le añadieron 10 años más de semejante suplicio a los ciudadanos. No hay cuña que más apriete que la del mismo palo. ¡Ay, Córdoba querida!