Ante otra oleada de inmigrantes venezolanos

Venezuela se derrumba: inflación descontrolada, salarios miserables y elecciones fraudulentas. La dictadura de Maduro se perpetúa, anticipando una crisis migratoria hacia Colombia.

Por Valmiro Sobrino Oliveros Venezuela es un país fallido política y económicamente. La inflación el año pasado fue 193 %, indicador grave del costo de vida de sus habitantes. El salario mínimo mensual de trabajadores y pensionados en el mismo período se situó en 130 bolívares, unos 3.6 dólares, equivalente a una limosna en pesos colombianos no alcanzaría para comprar un almuerzo. Las estaciones de gasolina quedan abiertas menos de la mitad y están desoladas. Las estanterías de los súper mercados están vacías; más de mil empresas importantes creadoras de riqueza y empleo fueron expropiadas y cerradas generando empobrecimiento sostenido; y finalmente la quiebra de la empresa Pdvsa que hace 25 años cuando se instauró la dictadura chavista exportaba 3.800.000 barriles de crudo, apenas pudo en 2023 exportar 700 mil barriles en medio de una súper corrupción. La Pdvsa está quebrada. En medio de este caos se avecinan unas lecciones espurias en la que el dictador máximo a través de un "Tribunal Supremo" (organismo de bolsillo amigos personales súbditos de la dictadura) elimina con un decreto a los candidatos de la oposición como a María Corina Machado que tiene el 80% de la intención de voto, una mujer inmensa e intachable. El "ganador" será el señor Nicolás Maduro ya dijo chabacanamente que "se las ganaba a las buenas o a las malas", es decir se hará una pantomima para justificar su permanencia eterna en el poder: dictadura perpetua. Vendrá entonces otra debacle del pueblo venezolano con consecuencias negativas para Colombia. La defensoría de Ddhh asegura que se incrementará la migración masiva en la frontera con Colombia. ¿Vamos a repetir el equívoco de recibirlos como inmigrantes como hizo el presidente Santos? En un artículo extenso que escribí en su momento dije que los venezolanos debieron haberse recibido como "refugiados de guerra". Con este status ellos quedaban amparados bajo la protección de la Convención Sobre el Estatuto de los Refugiados de Ginebra de 1951 y el Protocolo de 1967. No eran de responsabilidad del gobierno colombiano sino de Acnur y eso nos hubiese evitado invertir en ellos ingentes sumas de nuestro presupuesto nacional. No debemos repetir ese error.