Ante la justicia

Los colombianos reclaman ante la justicia principalmente la protección de sus derechos fundamentales, que son garantías inalienables consagradas en la Constitución de 1991 (artículos 11 al 42), vinculadas a la dignidad humana. Destacan el derecho a la vida, igualdad, libertad, debido proceso, expresión, petición y salud. Su protección se asegura principalmente a través de la acción de tutela.

La lista de los derechos más invocados la encabeza el derecho de petición, que a su vez es el más vulnerado, debiendo acudirse a la acción de tutela para que se le dé cumplimiento a la petición, seguido por temas de salud, educación, inasistencia alimentaria, violencia intrafamiliar y conflictos laborales. También destacan las demandas contra el Estado por fallas en servicios contra entidades como el Ministerio de Defensa y la Fiscalía General de la Nación.  De acuerdo con lo anterior, prácticamente no hay un tema que escape al control o intervención de la justicia, buscando soluciones penales para problemas cotidianos, lo que ha generado una alta congestión de los despachos judiciales y saturación carcelaria, muy a pesar de que la gran mayoría de los conflictos no se resuelven vía judicial, sino por las vías de hecho, o simplemente se diluyen en el tiempo por su propia inercia.  En lo penal, la mayoría de los recursos se destinan a delitos menores como inasistencia alimentaria, hurtos pequeños y violencia intrafamiliar, cuyas sanciones van dirigidas contra los ingresos de los afectados en el caso de lo primero, impactando las nóminas por donde se realizan los pagos; en cambio, otros reclamos van contra la mala prestación y alto costo de los servicios públicos y derechos y deudas laborales. Clase aparte son los reclamos por la desatención en salud que ha disparado las tutelas para obtener lo que por vía administrativa no se alcanza, agravado por el limbo al que se ha llevado al sector por problemas ideológicos al frente de lo técnico y científico, que tiene sus propios estándares y contra lo cual, no se debe intervenir como no debe hacerse con el sistema de precios que regula un sistema económico.       Está demostrado que los reclamos ante la justicia obedecen a problemas administrativos que no dan solución a la prestación de un servicio a una comunidad, a lo cual se han agregado los asuntos de corrupción como un mal endémico que se ha extendido en el actual gobierno, con miembros del ejecutivo y legislativo en la cárcel, como el abrebocas de lo que será el país cuando cesen las presiones y el poder para pasar por encima de lo establecido por la Constitución y la ley, al instituir los atajos como la forma de gobernar, desconociendo las reglas que la misma sociedad creó y que han de aplicarse por la justicia.