Anarquía digital: ¿El futuro que elegimos?

Mientras el mundo celebra el avance de la inteligencia artificial, la ausencia de un marco jurídico efectivo sigue dejando a las mujeres expuestas a nuevas formas de cosificación y violencia. La tecnología avanza; el derecho, no.

La semana pasada, miles de usuarios celebraron una tendencia en redes sociales: pedirle a Grok, la inteligencia artificial de x, propiedad de Elon Musk, que “pusiera en bikini” fotografías de mujeres. En segundos, imágenes de políticas, periodistas, actrices y mujeres comunes fueron transformadas y sexualizadas sin su consentimiento. Para muchos, fue un chiste. Para la mujer, fue un nuevo escenario de violencia. Cuando la tecnología perpetúa la cosificación del cuerpo femenino y la convierte en reto viral, no estamos frente a innovación. Estamos frente a una práctica ancestral ejecutada en un contexto moderno. Cambia la herramienta, no la lógica. Esto no es un juego. Es violencia digital de género. La manipulación no consentida de la imagen vulnera derechos fundamentales como la dignidad. La IA no crea el problema, pero lo amplifica, lo acelera, lo normaliza y lo masifica. Automatiza la violencia y la vuelve legalmente rentable para quienes la producen y la difunden. Los datos son contundentes. El 96 % de los deepfakes (imágenes, videos falsos convincentes) que circulan en internet corresponden a pornografía no consentida. El 99 % de las víctimas son mujeres. No importa si la imagen es hiperrealista o “solo” una versión generada por IA: el daño es real. El principio es el mismo: usar tecnología para sexualizar sin permiso. Aquí la pregunta no es cómo funciona la inteligencia artificial. Las preguntas son por qué se permite que funcione así. Porque no hay consecuencias. Porque la ley sigue llegando tarde cuando se trata de proteger a las mujeres. Mientras en aquí aún se discute si la violencia digital “existe”, otros países ya actúan. Francia tipificó la creación y difusión de montajes sin consentimiento. Australia trata los deepfakes como abuso basado en imágenes y cuenta con autoridades con poder sancionatorio real. Dinamarca reconoció derechos sobre la propia imagen frente a contenidos generados por inteligencia artificial. Colombia, en cambio, enfrenta problemas del siglo XXI con normas del siglo pasado. Ni la Ley 1257 ni el Código Penal nombran la violencia digital. Los delitos informáticos no alcanzan estas conductas. El resultado es predecible: impunidad. Ahora bien, el problema es aún más profundo. El sesgo de género está incorporado incluso en la IA, alimentados por un internet misógino y desarrollados en entornos donde las mujeres siguen siendo minoría y su dignidad no es tenida en cuenta. Colombia no puede seguir ignorando esta realidad. Tipificar estas conductas, exigir responsabilidad a las plataformas digitales, crear una autoridad especializada y formar a los operadores de justicia no es exageración: es obligación. El caso de Grok no es una anécdota viral. Es una advertencia. El futuro que elegimos hoy definirá si la tecnología amplifica la violencia contra la mujer o si el derecho llega, por fin, a tiempo a prevenirla.