Afinia: Abusos tarifarios

Afinia, proveedora de energía en el Caribe colombiano, enfrenta críticas por tarifas altas y servicio deficiente, las más caras de Latinoamérica. Usuarios denuncian abusos, apagones y exigen intervención estatal.

Por Félix Manzur Jattin La empresa Afinia, encargada del suministro de energía eléctrica en varias zonas de la región Caribe colombiana, se ha convertido en el centro de críticas por sus elevados costos y el deficiente servicio que presta. Las tarifas impuestas a los usuarios no solo son las más altas de Colombia, sino que están entre las más costosas de toda América Latina, lo que ha generado una crisis que afecta directamente a los bolsillos de los ciudadanos y la economía local. Desde su llegada, Afinia ha demostrado una gestión ineficiente y ha sometido a sus usuarios a constantes abusos tarifarios que no reflejan una mejora en la calidad del servicio. Los apagones frecuentes, la inestabilidad en el suministro y las fallas en la atención al cliente se suman al descontento de una comunidad que paga precios exorbitantes por un servicio precario. Las facturas de energía han experimentado un incremento desproporcionado, haciendo insostenible para muchas familias y negocios pequeños, afrontar estos cobros, lo que, además, afecta el desarrollo económico de la región. El malestar social ha derivado en protestas constantes, exigencias de transparencia en la fijación de las tarifas y reclamos por una supervisión más rigurosa de las autoridades competentes. En este contexto, es imperativo que la Superintendencia de Servicios Públicos intervenga a la brevedad, revisando las políticas tarifarias de la empresa y su gestión operativa. La regulación y control por parte del Estado deben priorizar los derechos de los usuarios, que en este caso se ven claramente vulnerados. Es inaceptable que en una región con altos índices de pobreza y desempleo, los ciudadanos deban destinar una porción significativa de sus ingresos para pagar un servicio de tan baja calidad. Las autoridades locales y nacionales, incluyendo a los parlamentarios, deben unir esfuerzos para exigir una revisión integral de los contratos y las tarifas impuestas por Afinia, garantizando que se ajusten a las capacidades económicas de los usuarios y que reflejen una mejora en la prestación del servicio. La intervención de la Superintendencia no solo es necesaria, sino urgente, para evitar que la situación empeore. Deben implementarse medidas correctivas que frenen los abusos de Afinia y que promuevan una energía eléctrica accesible y de calidad, como un derecho fundamental para todos los habitantes de la región Caribe y de Colombia.