Acciones afirmativas: la diferencia entre estar y decidir

Hay una forma elegante de excluir: defender reglas “neutrales” en una sociedad desigual.

Esa igualdad que se predica en discursos, en campañas y en actos protocolarios, pero que rara vez se cumple cuando llega el momento real: el momento en el que alguien intenta entrar al poder. Porque una cosa es reconocer derechos en el papel y otra muy distinta es permitir que quienes han sido históricamente marginados ocupen espacios donde se decide el rumbo de la sociedad. La política, en América Latina, no ha sido el escenario natural de las poblaciones vulneradas. No porque no estén preparadas. No porque no tengan propuestas. No porque no tengan carácter. Sino porque durante mucho tiempo se diseñó el sistema para que la representación quedara en manos de unos pocos: las mismas figuras, las mismas dinámicas, los mismos círculos. Por eso hablar de acciones afirmativas es necesario, porque es hablar de justicia. Una justicia que se atreve a reconocer lo evidente: la igualdad formal no garantiza igualdad real. Cuando pensamos en personas con discapacidad, la conversación suele quedarse en lo visible: rampas, accesibilidad, ajustes razonables. Pero hay barreras más difíciles de señalar y más fáciles de ignorar: las sociales, las culturales, las institucionales. Una persona con discapacidad no enfrenta únicamente limitaciones materiales. Enfrenta prejuicios. Enfrenta un Estado que, con frecuencia, diseña políticas “para” ella, sin escucharla. Y si esto ocurre en ámbitos cotidianos, en la política el panorama es aún más notorio: la exclusión no es accidental. Es estructural. Es persistente. Y a veces es invisible, porque aprendimos a normalizarla. Aquí es donde las acciones afirmativas toman su verdadero sentido. No como una fórmula para que los grupos históricamente dominantes legislen “en nombre de” las poblaciones vulneradas, sino precisamente como la manera de romper esa lógica. Porque una democracia no se mide solo por permitir votar: se mide por garantizar que todos puedan incidir, deliberar y decidir. El caso del estado de Oaxaca, México, lo ilustra con claridad. Allí, el sistema electoral adoptó medidas afirmativas para promover candidaturas de personas con discapacidad, y lo hizo mediante acuerdos, lineamientos y controles institucionales que obligan a pasar del discurso a la estructura. No fue un gesto: fue un mecanismo. Tanto así, que se registraron candidaturas y se reportaron personas electas: representación efectiva. Este ejemplo evidencia con urgencia la necesidad de abrir una conversación seria en Colombia: acciones afirmativas para la participación política de las personas con discapacidad. No en abstracto. No como discurso. No como protocolo. Sino como diseño institucional concreto: garantías de inscripción y participación real, promoción de candidaturas, eliminación de barreras de acceso y, sobre todo, medidas que conviertan la representación en un hecho, no en una aspiración. Porque cuando una población no participa, el Estado habla por ella. Y cuando el Estado habla por ella, decide por ella. Y eso, en democracia, no es inclusión. Es exclusión con buena presentación.