A un paso

La reforma constitucional que aumenta las transferencias a entidades territoriales, del 23.8% al 39.5%, avanza en el Congreso. El proyecto busca replicar el modelo de la ley 60 de 1993.

Por Fernando Negrete Montes A solo un debate en la Cámara de Representantes para ser ley de la República, está el proyecto de reforma constitucional que modifica el monto de las transferencias que vienen del nivel central hacia las entidades territoriales pasando de un 23.8% de los ingresos corrientes de la nación al 39.5% aprobado por el Senado, después de estar en el 46% el proyecto original y haber surtido los siete debates en las comisiones y plenarias del Congreso. Esta historia no es nueva y es como el retorno a lo establecido en la ley 60 de 1993 que determinó el sistema de competencias y recursos entre los niveles de gobierno y que inició con un Situado Fiscal del 46% que le dio vida a departamentos, distritos y municipios que hicieron atractiva la participación en política por cuanto además de acabar con la designación "a dedo" de estos funcionarios, le daba recursos para que financiaran sus planes de desarrollo. Alegría que duró poco por cuanto el sistema era bueno si la economía crecía, asunto que hizo crisis en el año 1999 cuando el PIB decreció y por esta vía se llevó el recaudo y los ingresos públicos y la caída de las transferencias hasta el punto de que, para pagar los compromisos internos y externos, hubo que acudir al endeudamiento y a los créditos de tesorería para las entidades territoriales pagar sus nóminas. En estas aulagas nos cogió el inicio de siglo y milenio dando paso a un nuevo sistema de transferencias que no estuviera atado al crecimiento económico sino a la inflación y unos puntos adicionales que mantuvieran la estabilidad y el crecimiento de los sectores que recibían los giros como educación, salud, agua potable y saneamiento básico, pasivo pensional y propósito general, recursos para el funcionamiento de la mayoría de los municipios del país y los resguardos indígenas. Esta criatura llamada Sistema General de Participaciones, SGP, fue creada inicialmente por siete años y prorrogado por otros siete hasta llegar al año 2015, pero ya no hubo ánimos para prolongarla porque se le puso tanta carga que empezó a "hacer agua", además del tijerazo que representó pasar del 46% de los ingresos corrientes de la nación a un 23.8%, hecho que permitió al gobierno nacional engrosar sus arcas. Ahora los "padres de la patria" se frotan las manos acolitados por el gobierno nacional con el retorno del monto de las transferencias a las regiones como si esto fuera condición suficiente para acabar la pobreza y miseria, sin antes frenar la corrupción que pulveriza todo lo público. Así como fue malo pasar del situado fiscal del 46% al 23.8% del SGP, también lo es invertir los términos. Hay que buscar el justo medio equivalente al equilibrio dinámico que la naturaleza nos muestra en su funcionamiento durante "toda su vida".