Después de la polémica que ha generado la decisión del presidente Gustavo Petro de regular los servicios públicos en Colombia,  el Consejo de Estado suspendió el decreto que lo facultaba para esta función en la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg). 

El documento indica “la medida cautelar de urgencia suspensión provisional de los efectos jurídicos del decreto 227  de 16 de febrero del 2016”.

Según, en este pronunciamiento no se cuestionó el hecho de que el presidente haya asumido las funciones en materia de servicios públicos  domiciliario, sino que se encuentra irregular que el mandatario haya decidido arrogarse las competencias para regular el régimen tarifario de los servicios públicos, un roll que por expresa disposición constitucional le fue conferido al congreso de Colombia, es decir, quien baja los precios y define las tarifas de lo servicios no es el presidente sino el Congreso. 

El decreto en sí, indica que el Presidente no puede asumir unas funciones que no le han sido conferidas.

De esta manera el Consejo de Estado en su ejercicio de su libertad legislativa consideró pertinente asignar el trámite técnico y operativo a las comisiones de regulaciones.