Por: Ángel Andrés Torres Hernández*

Desde que George Washington designara como primer secretario del Tesoro de los EEUU a Alexander Hamilton en 1789, se estableció que el cuidado de las finanzas de una nación debe ser considerada como Política de Estado, más no como una idea del gobernante de turno, con fundamento en la fortaleza económica que debe tener el Estado en la búsqueda del bienestar de sus coasociados.

Esta política pública financiera requiere que exista una relación coherente entre las ideas y acciones que ejecuten los mandatarios y sus designados para el manejo de la hacienda pública, es decir, que las decisiones tomadas para el mejoramiento de las finanzas públicas se ejerzan fundadas en congruencia.

Es pertinente referirmar sobre los juicios de valor inadecuados, impertinentes e incongruentes manifestados por quien fungiera la cartera de Hacienda de Sincelejo, con ocasión a las políticas financieras ejercidas por esta Administración, en especial la implementación de la actualización del catastro.

Es lógico y no requiere rigor científico, que no haber realizado la actualización catastral en el término de ley, implica una carga superior, es decir, cuando decidieron no cumplir el deber legal hace cinco (5) años, trajo consigo que enfrentemos un incremento exponencial en los avalúos de los bienes, base gravable del impuesto predial.

También, es irresponsable y se acerca a la ignorancia sobre el tema, hacer afirmaciones que contrastan con la ley, como quiera que la actualización catastral se encuentra ajustada a la normatividad que el IGAC como máximo órgano rector, ha emitido. Además, no es coherente, ni lógico, que los municipios sean habilitados por parte del IGAC para prestar su propio servicio catastral y luego pretender recurrir a esa entidad para realizar la actualización, indicando su escrito un desconocimiento casi absoluto de la metodología relacionada.

En el 2019, antes de esta Administración, cuando el suscrito se desempeñaba como secretario, que la carga burocrática se incrementó de manera exagerada e irresponsable, con la modificación de la planta de personal de Sincelejo, pasando aproximadamente de 400 a más de 500 empleados, con un incremento en el gasto público de funcionamiento que rodea los 6.000 millones de pesos al año, dinero que pudo haberse invertido y que exigen la búsqueda de alternativas de ingreso como el catastro multipropósito, el cual critica. Acto que se suma a su incoherencia.

Las decisiones impositivas implementadas desde el inicio de esta Administración guardan lógica entre el cumplimiento del deber legal y las posibilidades de descuentos tributarios, que desde 2020 realizamos. Por ello, pediré a mi antecesor que sea más congruente en sus escritos, y a mi futuro sucesor, que haga buen uso de lo que esta administración en materia financiera le dejará a Sincelejo, porque el cumplimiento del deber constitucional y legal debe ser lo primordial en el servidor público.

*Secretario de Hacienda municipal de Sincelejo.