Por Jairo Torres Oviedo

El pasado 22 y 23 de marzo participé en calidad de presidente del Sistema Universitario Estatal y vicepresidente de ASCUN, invitado por la Universidad Nacional de Córdoba – Argentina, el Instituto Internacional de la UNESCO para la Educación Superior en América Latina y el Caribe (UNESCO - IESALC), el Consejo Interuniversitario Nacional y el Ministerio de Educación del país en mención, al encuentro preparatorio de la reunión de seguimiento a la III Conferencia Regional de Educación Superior (CRES +5), donde tomamos la decisión de realizarla en Brasilia – Brasil, del 25 al 27 de marzo del 2024; espacio propicio para evaluar y hacer seguimiento a los avances logrados en la implementación de la Declaración CRES 2018 – 2028; tanto a nivel nacional como regional; un encuentro que permita repensar escenarios y acciones para fortalecer los mecanismos de integración entre gobiernos y actores de la educación superior. Importante señalar, que la CRES 2018 centró su agenda de acción con la perspectiva del desarrollo humano sostenible y el compromiso por sociedades más justas e igualitarias, reafirmando la responsabilidad de los Estados, con el fin de garantizar la educación superior como bien público, derecho humano y social. Este es el marco de referencia vigente de la CRES para la puesta en marcha de políticas públicas y académicas para la educación superior en América Latina. Recordemos que, la Conferencia de Educación Superior (CRES), es convocada por el Instituto Internacional de la UNESCO para la Educación Superior de América Latina y el Caribe, con una periodicidad aproximada de diez años. La primera conferencia tuvo lugar en la Habana, Cuba, en 1996, la segunda se efectuó en Cartagena de Indias en 2008. La tercera en la Universidad de Córdoba (UNC), Argentina en 2018; precisamente, en el marco de la celebración del Centenario de la Reforma Universitaria de Córdoba de 1918.

Esta reunión preparatoria para organizar la CRES +5, fue un importante espacio de diálogo, interlocución y deliberación entre los actores de la Educación Superior en América Latina, que contribuyo a repensar la hoja de ruta para la educación superior regional; la cual se ha visto afectada por los impactos educativos y geopolíticos generados por la pandemia del CÓVID–19; que configuró unas nuevas relaciones de poder. Además, desnudó las fragilidades de nuestro sistema educativo, conduciendo a un retroceso en aspectos en los cuales teníamos avances importantes; donde las brechas de inequidad social se profundizaron, acrecentando de esta forma, la pobreza, el retroceso en los niveles de aprendizaje; especialmente, en niños, con el aumento de la deserción escolar, desfinanciamiento de la educación; lo que, configura un nuevo escenario regional en materia educativa, que debe repensarse de forma conjunta e integrada en clave pragmática y prospectiva.

Teniendo en cuenta lo anterior, es importante que el capítulo de educación que se encuentra en el Plan de Desarrollo 2022-2026, “Colombia Potencia Mundial de la Vida”, debe estar sintonizado con lo propuesto por la CRES 2018; en este sentido, la educación como un bien público significa que está al servicio de la sociedad, sin distingo de raza, etnia, ideología o posición social; es decir, un derecho que el Estado debe garantizar de manera progresiva.