En medio de la crisis económica que afronta el país, un bloqueo afectará el bolsillo de los ciudadanos:

La protesta es un derecho constitucional de todo colombiano y eso debe quedar claro, pero la amenaza de minga con bloqueos a los accesos a Montería por parte de unas comunidades étnicas, que con justa causa reclaman sus derechos, pone en jaque la economía, la libre movilidad y la seguridad de la capital cordobesa.

Es inexplicable que si el Gobierno Nacional en el mes de diciembre hizo unos compromisos estos no se hayan cumplido y esperó un anuncio de protesta para programar una reunión con los voceros de esos grupos comunitarios, que ratificaron que la minga indígena es un hecho y peor aún, los bloqueos.
Si bien desde la Alcaldía de Montería se ha venido trabajando como enlace entre las partes, más de medio millón de personas no se pueden afectar ante una manifestación, que por ahora se anuncia sería indefinida.

Todo esto en medio de una situación económica difícil y que golpea el bolsillo de los ciudadanos que se agravaría con el impedimento del acceso a esta capital.
Quedan 48 horas para frenar esa situación.